El responsable federal de Política Internacional de Izquierda Unida, Francisco Pérez Esteban, ha exigió hoy al Gobierno chileno que “cese definitivamente la brutal represión militar que el presidente neoliberal Sebastián Piñera ha desatado contra la ciudadanía que ejerce su derecho legítimo a la protesta social contra la precariedad y el alto coste de la vida, represión que ya alcanza un saldo de 18 muertos, más de 1.000 heridos y cerca de 2.500 detenidos a día de hoy”.
Francisco Pérez indica también que “en Izquierda Unida nos llama poderosamente la atención el silencio que ha mantenido el Gobierno español en funciones y la Unión Europea ante esta flagrante violación de los Derechos Humanos en Chile. Por ello, exigimos a ambos una firme condena por estos hechos, que sin duda contribuirá a parar la brutal masacre y a lograr la libertad de las personas detenidas, la mayoría jóvenes estudiantes”.
Considera que “el Gobierno de Piñera debe acabar de inmediato con esta violencia injustificable que recuerda a la que desarrolló el dictador Pinochet, al existir también denuncias de torturas y de personas desaparecidas”.
“Lamentablemente -añade Pérez Esteban- a pesar de la anunciada marcha atrás en la cuarta subida desde 2016 de la tarifa de metro de Santiago, Piñera sigue sin atender de forma efectiva y real las justas demandas populares, siempre negadas por el modelo político y económico que dejó en herencia la dictadura chilena”.
El dirigente federal de IU recuerda que “el pueblo chileno desarrolla hoy una huelga general que afecta a todos los sectores y Piñera debe respetar ese derecho de huelga y de manifestación, no reprimirlo. Responder con la militarización, la represión y el toque de queda solo es propio de una dictadura y no de la democracia que el presidente dice representar. Si no cesa la violencia institucional, el conflicto social se desbordará y se llevará por delante su presidencia”.
El responsable de Política Internacional de IU señala que “lo que Piñera vendió como un exitoso modelo económico es un fracaso total que esconde una gran pobreza y desigualdad, principal causa de las movilizaciones.
Según los informes de la CEPAL el 1% de la población posee el 30% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre accede solo al 2,1 % de ella. “En Chile buena parte de las pensiones, la salud, la educación o el agua están privatizados y resultan caros para la mayoría social. Los servicios públicos son deficientes, los precios de los productos equiparables a los de la media europea, mientras los salarios se mantienen muy bajos. La gente se ha cansado de esta situación”, apostilla Pérez Esteban.
