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El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza aclarar si considera a Franco jefe del Estado desde 1936 como hace el Supremo pese a verse obligada IU a preguntarlo dos veces en el Congreso

El Ejecutivo en funciones se toma tres meses para decir ahora por escrito en una línea y media a la diputada Eva García Sempere que ‘no valora ningún pronunciamiento judicial en aras del respeto a la separación de poderes’ mientras sus miembros sí lo hicieron en su momento a la Prensa

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez rechaza responder una pregunta parlamentaria escrita de Izquierda Unida, formulada por su diputada Eva García Sempere, relativa al auto que dictó el Tribunal Supremo el pasado junio que paralizó la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. En éste, además, el Alto Tribunal considera al sátrapa jefe del Estado ya desde el 1 de octubre de 1936, pocos meses después del golpe de Estado que condujo a la Guerra Civil y cuestionando así la legalidad del legítimo Estado republicano.

El Ejecutivo en funciones del PSOE se ha tomado tres meses para decir ahora en apenas una línea y media a García Sempere -que firmó la iniciativa en junio- que ‘el Gobierno no valora ningún pronunciamiento judicial en aras del respeto a la separación de poderes’.

Se da la circunstancia de que la parlamentaria de IU tuvo que registrar dos veces su pregunta después de que la Mesa del Congreso, con los/as miembros del PSOE a la cabeza, obligó a reformular la primera redacción. Alegó para ello que los temas planteados ‘versarían sobre materia ajena a la competencia del Gobierno’.

La segunda redacción sí pasó el filtro unos días después y, por tanto, al ‘cumplir’ ya el requisito de tratar asuntos dentro de su competencia, el Ejecutivo está obligado reglamentariamente a contestar todas las cuestiones en tiempo y forma, lo que no ha hecho.

Las preguntas que Eva García Sempere incluyó en su segunda iniciativa son “¿Comparte el Gobierno un pronunciamiento de este tipo sobre quién ostentaba la jefatura del Estado en esa fecha?”, “¿Cuáles son los motivos, según el Gobierno, que pueden llevar a cometer un error tan lamentable e impresentable?” y “¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para aclarar errores de este calado y para que se evalúe con absoluto rigor el golpe de 1936 y la figura del dictador?”

Se da la circunstancia de que mientras el Ejecutivo se niega a contestar estas preguntas formuladas por una diputada en el ejercicio de su cargo, algunos/s de sus más destacados/as miembros no han tenido problemas para hablar de ellos con algunos medios. Basta el ejemplo de las declaraciones que realizó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, el 6 de junio en una entrevista en una cadena de televisión recogida también por agencias de información y diversos medios.

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