El Gobierno en funciones ha informado al diputado y portavoz parlamentario de Exteriores de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que solo en este 2019 -hasta finales de agosto-, en lo que tiene que ver con bienes humanitarios, ‘el total de lo destruido y/o confiscado por Israel en donde consta participación española asciende a 68.700 euros’. Se especifica que ‘son todas estructuras financiadas por la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) en el marco del Convenio de Protección en Área C’.
El Ejecutivo responde así en una respuesta parlamentaria escrita a la amplia iniciativa que Santiago registró en el Congreso a comienzos del pasado mes de junio en la que, entre otras cuestiones, le interpelaba sobre si piensa “reclamar a las autoridades de Israel la devolución o indemnización de todos los bienes donados o pertenecientes a ciudadanos españoles, requisados o destruidos por Israel”.
De la misma forma, el parlamentario de Izquierda Unida en el grupo de Unidas Podemos trasladó que “gracias a B’tselem, una organización de Derechos Humanos israelí”, diversos medios se hicieron eco de “un anuncio publicado en el periódico ‘Maariv’ sobre bienes europeos donados al pueblo palestino, confiscados por el Ejército de ocupación israelí, que iban a ser subastados”.
Las autoridades de la Unión Europea (UE) protestaron por ello y recordaron que diversos países, entre ellos España, pensaban reclamar “la devolución o indemnización de diversos bienes donados y posteriormente requisados o destruidos por Israel”.
En este sentido, el Gobierno traslada a Santiago que ‘España está realizando gestiones en el marco de la UE y del Consorcio (entidad humanitaria que engloba a varios Estados europeos con actividad en Palestina)’ y que ‘por el momento, la subasta ha sido suspendida aunque no hay garantías de que no vaya a retomarse en próximas semanas. Mientras, se seguirá insistiendo para evitarlo y exigir que los bienes sean restituidos o se proceda a su compensación’.
Enrique Santiago también constataba en su iniciativa que esta misma política israelí “de ocupación y de requisar o destruir bienes donados a los palestinos” se practica con “bienes donados por entidades ciudadanas, cuya financiación ha sido soportada por entidades administrativas descentralizadas o por la ciudadanía. Este sería el caso de bienes cofinanciados por Rumbo a Gaza, que forma parte de la coalición Flotilla de la Libertad”.
Rumbo a Gaza participó en la compra del antiguo barco pesquero noruego ‘Al Awda’ para donarlo a los pescadores gazatíes palestinos. Éstos son asaltados periódicamente y sus barcos requisados, por eso dicha donación quería contribuir a la economía de este colectivo y a proveer de alimentos a la población de Gaza.
El parlamentario de IU recordó que “este barco y otro secuestrado, el ‘Freedom’, llevaban material sanitario que no ha sido devuelto por el Ejército israelí tras el asalto en aguas internacionales y se teme que sea subastado o destruido”.
Sobre este asunto, el Gobierno en funciones especifica en su respuesta que en relación a los ‘bienes incautados’ durante esa expedición de Rumbo a Gaza de 2018 ‘las autoridades israelíes comunicaron a España que los bienes humanitarios (114 cajas con suministros médicos) habían sido entregados a entidades competentes en Gaza’. No obstante, matiza que ‘sin embargo, no han accedido a comunicar ni la contraparte a quien se entregó ni la fecha de la misma. Se han realizado gestiones posteriores sin éxito’.
El Ejecutivo en funciones no hace mención alguna a algunas de las preguntas que Enrique Santiago concretó, entre ellas, “¿cuál es, en su caso, el motivo de las diferencias entre la valoración de la destrucción israelí y la cantidad total reclamada?”, “¿qué mecanismos de reparación se están ejerciendo?” y “¿qué contramedidas se han ejercido ante la ignorancia de las reclamaciones por parte de Israel?”
El Gobierno concluye su respuesta indicando que ‘por otro lado, no consta que en 2019 haya sido destruido y/o confiscado ningún bien donado por ONGs para el desarrollo españolas. No consta tampoco ningún dato relativo a los daños y confiscaciones a la Flotilla de la Libertad, en tanto que fue esta una iniciativa privada que no contó con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo’.
