Izquierda Unida, a través de su máximo responsable y portavoz parlamentario, Alberto Garzón, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para tratar de obtener información de primera mano sobre el brote de listeriosis, que se prolonga ya desde hace más de mes y medio hasta convertirse ya en “uno de los más graves registrados en los últimos años en Europa”.
Garzón encabezó la semana pasada la delegación de IU que se entrevistó en sede parlamentaria con responsables de la asociación de consumidores FACUA, con quienes se comprometió a “impulsar una reforma en profundidad”, entre otras, de la Ley de Seguridad Alimentaria para “luchar con más eficacia y evitar casos tan graves”. La iniciativa registrada ahora busca evitar el “triunfalismo” de administraciones como la Junta de Andalucía a la hora de valorar su gestión frente a la crisis alimentaria suscitada.
También persigue, como refleja en su exposición de motivos, superar la “clara descoordinación, improvisación y escasa transparencia a la hora de informar con solvencia a la ciudadanía” sobre este importante caso demostrada por el conjunto de las administraciones.
Entre las cuestiones concretas que se plantean al Gobierno está saber cómo valora que “días después de declararse la alerta y de conocerse el punto de partida del brote, se descubra que la empresa Magrudis S.L disponía de productos en el mercado que no habían sido comunicados”, así como quién cree que son los responsables de “que se tarden días en conocer el catálogo completo y real de productos de la empresa Magrudis S.L”.
Gracias al trabajo que realiza IU desde hace semanas, incluido ese “provechoso y muy útil” encuentro con FACUA y la información práctica facilitada por sus responsables, esta formación ya adelantó que la reforma en profundidad que buscará promover a través del grupo de Unidas Podemos pasa, entre otras cuestiones, por “fijar plazos claros, obligatorios y vinculantes de la inspección sanitaria a determinadas empresas alimentarias por parte de las administraciones”.
En esta línea, Garzón incluye entre sus preguntas “¿qué medidas regulatorias y cambios normativos va a establecer el Gobierno para evitar que se produzcan en el futuro nuevas contaminaciones en la industria alimentaria?” y “¿qué procedimientos ha articulado para mantener informada y establecer interlocución con las asociaciones de consumidores representativas en relación a esta alerta?”
La iniciativa se completa con una serie de cuestiones muy concretas, que van desde si el Ejecutivo central está en condiciones de “confirmar” que “está controlado el brote”, así como “cuándo conoció” el mismo, “cuándo se decretó la alerta nacional”, “cuándo comunicó públicamente la declaración de alerta sanitaria nacional” o “cuáles fueron las razones por las que la web de la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición no publicó la alerta hasta cuatro días después” de su supuesta fecha de comunicación.
De la misma forma, se pide al Ejecutivo que aporte la información de que disponga sobre “cuándo tuvo constancia de que se ordenó la retirada de los productos infectados por listeria”, si “puede confirmar que están todos ellos retirados del mercado”, si “tiene conocimiento de la relación de clientes mayoristas, minoristas y de restauración de la empresa Magrudis S.L” y “cuáles son las recomendaciones y medidas” emitidas para prevenir la contaminación cruzada por listeria.
Izquierda Unida ya impulsó en el seno de Unidas Podemos a mediados de agosto la comparecencia en comisión en periodo ordinario de sesiones de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. Hoy mismo ha formalizado también las del presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Faustino Blanco, y la del vicepresidente y portavoz de FACUA, Rubén Sánchez. En ambos casos se hace para “informar y asesorar a los/as miembros de la comisión parlamentaria” sobre las “medidas y actuaciones” implementadas en este caso. Estas últimas peticiones, además de por Alberto Garzón como portavoz adjunto, van firmadas por las diputadas Eva García Sempere y Meri Pita.
