El diputado y portavoz parlamentario de Justicia e Interior de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha exigido esta tarde al Gobierno en funciones del PSOE que “no se le ocurra abrir un procedimiento sancionador al ‘Open Arms’ por haber salvado más de 160 vidas”, porque si lleva adelante su amenaza “sería una infamia y haría jurídicamente un espeluznante ridículo”.
Santiago, que intervenía por primera vez desde el atril de Congreso, lanzó este mensaje a la vicepresidenta en funciones del Ejecutivo, Carmen Calvo, durante la comparecencia de ésta ante el Pleno que el grupo de Unidas Podemos logró sacar adelante en la Diputación Permanente del martes pasado para que explique cómo había actuado Moncloa durante las semanas que duró la crisis a bordo del buque de ayuda humanitaria de bandera española cerca de las costas italianas.
El dirigente de IU tachó de “erradas” las declaraciones públicas de la propia Carmen Calvo dejando latente la posibilidad de sancionar económicamente con dureza a los responsables de este buque “por cumplir su obligación”. Por el contrario, destacó que “el pueblo español estamos eternamente agradecidos por lo que hicieron”.
“La señora vicepresidenta sabe -detalló- que las normas administrativas del Derecho interno no prevalecen nunca sobre la obligación de rescate en el mar que establece el Derecho internacional. Nunca ha existido conflicto entre la norma que regula el despacho de un buque y la obligación de rescatar personas en peligro. Es un deber muy superior tal y como acaba de declarar la justicia italiana hoy mismo”.
Frente al infundado triunfalismo que mostró la vicepresidenta por su actuación en este caso y en otros rescates en el Mediterráneo, Enrique Santiago le recordó que “los trabajadores de Salvamento Marítimo han denunciado en esta misma casa que España limita su capacidad de rescate, privatiza sus servicios, adelgaza su plantilla y limita las operaciones habituales en la zona SAR de Marruecos, traspasando en la práctica la decisión de salvamento en esa zona al Ministerio del Interior”. Lo decía con información de primera mano tras reunirse dos veces con estos trabajadores antes del verano.
El portavoz parlamentario de Justicia e Interior de IU lanzó una batería muy concreta de demandas con la intención de que el Gobierno socialista pase de la retórica al mundo real. “Debemos exigir a la Unión Europea (UE) -dijo- la aprobación de un protocolo de desembarco seguro y predecible, de mecanismos permanentes de acogida y reparto de refugiados y personas rescatadas en el mar”.
Explicó también que el Ejecutivo español debe “urgir a la UE a cumplir con el derecho de asilo en los países seguros, porque los rescates no pueden depender de la buena voluntad del gobierno de turno en un momento puntual”.
Santiago recordó que en materia de ayuda a las personas migrantes “el problema es que la Unión Europea que sanciona a los países que se desvían una décima en su déficit público no lo hace cuando incumplen las normas internacionales sobre Derechos Humanos y protección de personas”.
“Asistimos, por tanto, a una vergonzante omisión de la UE y sus países miembros de la obligación de rescatar a personas y a un grave incumplimiento de la obligación de proteger a posibles refugiados”, advirtió.
Lamentó el hecho de que “las organizaciones humanitarias han asumido responsabilidades de los Estados y la respuesta de los países de la UE es poner impedimentos al trabajo de rescate y criminalizarlas; una UE deshumanizada”.
Para el también secretario general del PCE las personas salvadas de la muerte por el ‘Open Arms’ “escapaban de situaciones de violencia extrema. Italia y Malta negaron el desembarco y ningún país europeo ofreció acogida hasta el día que la justicia italiana ordenó el desembarco en Lampedusa, tras 20 días vergonzosos sin poder desembarcar”.
Así, interrogó a Carmen Calvo vehemente “¿por qué España no ha activado los mecanismos ejecutivos de la Unión Europea para exigir a Italia y a Malta que permitieran el desembarco? y ¿por qué no hemos pedido directamente a ambos países que acogieran a los rescatados?
Enrique Santiago pidió a la vicepresidenta que “acoja estas palabras como una propuesta para construir un gran consenso que ponga en marcha políticas efectivas que garanticen la vida de todas las personas al margen de su nacionalidad”.
“Esperamos que el Gobierno -concluyó- lidere la defensa del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos, y no tenga miedo de aplicar el artículo 10.2 de nuestra Constitución, porque todos sus artículos son de igual importancia. En este proyecto tendrán ustedes en Unidas Podemos un socio firme y confiable”.
