Barakat reside en Berlín y es un destacado activista por la causa del pueblo palestino. A finales del pasado mes de junio, cuando se dirigía a dar una conferencia en un centro social junto a la coordinadora de la organización Samidoun, Charlotte Kates, fue detenido por la Policía y trasladado a una comisaría, donde los agentes y dos representantes de la oficina de extranjería le avisaron de que si proseguía con su actividad política podía enfrentarse a penas de hasta un año de prisión.
En las dependencias policiales se le entregó un documento de ocho páginas en el que se reflejaban algunas de sus conferencias, discursos y entrevistas. Los agentes le explicaron que su activismo político podía generar tensiones entre las comunidades judía, palestina y árabe de Berlín y que, por lo tanto, se le prohibía participar en reuniones con más de diez personas o hacer cualquier tipo de manifestación de carácter político en público.
Tanto a él como a Kates se les comunicó que, de no cumplir lo estipulado, podrían ver revocado su permiso de residencia en Alemania.
“Desde hace varios años algunos gobiernos europeos, empujados por el israelí, han comenzado a intentar ahogar cualquier tipo de iniciativa y movimiento de solidaridad con el pueblo palestino. El caso de Khaled, que no es el primero de este tipo en Alemania, es muy preocupante por lo que supone para la libertad de expresión en un país de la UE y porque coincide, además, con la decisión del Parlamento alemán de catalogar de antisemita el BDS”, explica Pineda.
El BDS es un movimiento internacional pacífico, apoyado por infinidad de organizaciones, que aboga por el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel por las constantes agresiones, la ocupación y la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino. Khaled “es un claro defensor del BDS, como lo somos en Izquierda Unida”.
La decisión del Parlamento alemán “es muy reprobable, porque equipara el antisemitismo a la legitimidad de aquellos que pedimos que se obligue al Gobierno israelí a cumplir con la legalidad internacional. La Unión Europea y sus Estados miembros no pueden seguir haciendo como que no pasa nada y deben exigir a Israel el cese inmediato de las prácticas de apartheid que aplica al pueblo palestino y la liberación de todos los territorios ocupados”.
El año pasado, el Ejecutivo israelí publicó una lista de 20 organizaciones internacionales a las que se le prohibía la entrada en Palestina por su apoyo al BDS. La todavía Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada sueca del GUE/NGL Malin Björk, señaló que, aunque la UE no apoya el boicot, sí defiende el derecho a la libertad de expresión.
“Cualquier tipo de medida que afecte al rol o al funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil no debería tener como efecto la imposición de restricciones arbitrarias o desproporcionadas en el disfrute de sus derechos, en línea con los derechos humanos”, escribía Mogherini.
Para Pineda, “está claro que las palabras de Mogherini no son suficiente, porque a la hora de la verdad, Israel, con el que la UE sigue manteniendo una relación comercial privilegiada, es capaz de presionar a los Estados miembros para que persigan el BDS o a los activistas y movimientos de la solidaridad internacional que reclaman, como hace la ONU, el fin de la violencia contra el pueblo palestino”.
“Desde Izquierda Unida -dijo- mostramos toda nuestra solidaridad con las organizaciones y los activistas como Khaled que, a pesar de las presiones y la persecución, seguirán llevando allá donde estén la legítima reivindicación del pueblo palestino a vivir libre y en paz”.
