La diputada de Izquierda Unida Roser Maestro reclama al Gobierno de Pedro Sánchez explicaciones sobre qué control, evaluación y seguimiento realiza de las subvenciones que con importantes cantidades de dinero público otorgan las Administraciones desde los distintos ministerios y entidades de todo tipo. Maestro quiere, entre otras cuestiones, que el Ejecutivo detalle “¿cómo valora la falta de control, transparencia y homogeneidad que denuncia la AIReF en el conjunto de las subvenciones públicas?”
Como se puede ver esta iniciativa parlamentaria parte del trabajo realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que hace unos días presentó un proyecto que evalúa la estrategia y los procedimientos seguidos en la concesión de subvenciones públicas, dentro del primer estudio del proceso de revisión del gasto público que está llevando a cabo.
La parlamentaria valenciana de IU encuadrada en el grupo de Unidas Podemos recuerda que la conclusión “más destacada” de este trabajo es que “existe una clara falta de vinculación entre las políticas públicas, la programación presupuestaria y los planes estratégicos de subvenciones”.
Para evitarlo, la AIReF propone crear un nuevo marco de planificación estratégica y presupuestaria con indicadores de resultados, impulsar las conferencias sectoriales, modificar la Ley General de Subvenciones, así como mejorar la información y capacidad de explotación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
En este contexto, Roser Maestro reclama al Gobierno de Sánchez que detalle por escrito “qué medidas va a desarrollar para mejorar la política de subvenciones y asegurar la utilización eficiente de los recursos públicos”.
Los ejemplos de fallos e irregularidades en los controles públicos parece que son múltiples, según la AIReF. La parlamentaria de IU recuerda en su iniciativa que “el conjunto de administraciones públicas gastan miles de millones de euros en subvenciones sin transparencia ni homogeneidad”.
Apunta también que “llama la atención, en particular, el análisis que se realiza de las ayudas canalizadas a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, considerando que la competencia en materia de vivienda es exclusiva de las comunidades autónomas, si bien el Estado mantiene algunas competencias exclusivas de definición y regulación”. A partir de ahí, la Administración General del Estado establece programas de ayudas e incentivos en materia de vivienda que gestionan los gobiernos autonómicos.
Maestro incide en los fallos que existen en los criterios para la distribución territorial de los fondos destinados anualmente a vivienda, que no solo son desconocidos, sino que parece que permanecen fijos desde 1992, a pesar de la distinta evolución de la población en cada territorio y otras variables relacionadas con la política pública de vivienda.
Por eso incluye en sus preguntas al Gobierno para las que demanda respuesta escrita si “es cierto, tal y como concluye la AIReF, que los criterios para la distribución territorial de las subvenciones en vivienda no están definidos y permanecen fijos desde 1992”.