Izquierda Unida ha registrado este martes en el Parlamento Europeo una petición en la que denuncia la situación de explotación y discriminación que sufren miles de trabajadores desplazados a Holanda quienes, tras haber firmado contratos en sus países de origen con empresas de trabajo temporal y agencias reclutadoras, se encuentran con unas condiciones laborales y sociales completamente distintas a las pactadas, lo que supondría en muchos casos una vulneración de varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), de directivas relacionadas con empleo y Seguridad Social y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).
La denuncia ante la Eurocámara, apoyada por la eurodiputada Marina Albiol, ha sido promovida por la Federación de IU en el Exterior, después de haber visitado la semana pasada los campamentos en los que malviven cientos de trabajadores españoles que han sido víctimas de la estafa de las empresas de trabajo temporal.
El modus operandi de estas ETT establecidas en el sur de Holanda, tal y como explica la petición, es similar en el conjunto de los Estados miembros. Los trabajadores interesados en trasladarse a Países Bajos acceden a las ofertas de empleo y firman unos precontratos en sus países de origen. Cuando llegan a su destino y se presentan en las empresas usuarias para firmar el contrato definitivo se encuentran con unas condiciones que no se corresponden con las convenidas previamente.
La mayoría se enfrenta a un contrato cero horas que los somete al antojo de la empresa, ya que si sus jornadas de trabajo no son suficientes, no pueden hacer frente a los gastos de vivienda, transporte o del seguro médico obligatorio. Por otro lado, las empresas tienden a atar a los trabajadores, induciéndoles a contratar servicios de alojamiento con ellas mismas, bajo amenaza de penalizarlos con una menor asignación de carga de trabajo.
“Hablamos de trabajadores que, en algunos casos, acaban pagando por trabajar”, denuncia Albiol, para quien lo que está pasando en Holanda es “un ejemplo de las consecuencias sociales de un modelo de integración europeo pensado en que las empresas puedan sacar el máximo de beneficios sin importar las condiciones a las que someten a sus trabajadores”. “Queremos poner a la Comisión Europea frente al espejo de unas políticas económicas basadas en la precariedad laboral, la desregulación y el retroceso social”, señala.
“Hay personas que vienen de una situación tan precaria y difícil en España que asumen su situación en Holanda como un mal menor, hasta que se dan cuenta del engaño. En toda la Unión Europea hay empresas que se están enriqueciendo con el comercio de recursos humanos, de trabajadores de usar y tirar, también intracomunitarios, sin que las instituciones comunitarias estén haciendo nada por proteger sus derechos”, explica el coportavoz de IU Exterior, Eduardo Velázquez.
Se estima que cada año pasan por estas ETT holandesas entre 3.800 y 5.500 trabajadores españoles, una situación que no ha sido ajena a los consecutivos gobiernos de PP y PSOE. Desde el pasado año, la Oficina de la Consejería de Empleo y Seguridad Social en La Haya ha registrado de manera oficial 478 quejas de trabajadores y extrabajadores que han estado contratados por estas empresas. Sin embargo, la situación está lejos de resolverse.
La petición recoge las numerosas vulneraciones de legislación comunitaria de estos contratos. En concreto se hace referencia al artículo 3, apartado 2 y al artículo 4, apartado 2, letra a) del TUE; a los artículos 20, 26 y del 45 al 48 del TFUE; a los artículos 15, 27, 31, 34 y 45 de la CDFUE; a las directivas 2008/104/CE, 2002/14/CE, 2007/30/CE, 91/383/CEE, 2018/957/UE, 2004/38/CE; y a los reglamentos (UE) 492/2011 y (CE) 883/2004.
Albiol y Velázquez explican que el objetivo principal de esta petición es que la Comisión Europea investigue las denuncias y explique qué medidas piensa poner en marcha para acabar con los abusos y la explotación contra estos trabajadores. Asimismo, quieren que la Eurocámara ponga en conocimiento de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE el caso para que investigue las posibles vulneraciones que se están cometiendo.
Por otro lado, reclaman que se remita la petición a la comisión de Empleo y Asuntos Sociales para que la tenga en cuenta a la hora de revisar y aprobar normativa y se evalúe la posibilidad de legislar para acabar con la precariedad ligada a los contratos de cero horas.
Finalmente, piden que la comisión de Peticiones inste a las autoridades competentes del Estado español y holandés a adoptar con carácter de urgencia las medidas necesarias para resolver el problema señalado en esta petición.
