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IU y PCE estudian ampliar la ‘Querella Borbón’ a partir de los nuevos datos que vinculan aún más las acciones del director del CNI y Corinna zu Sayn-Wittgenstein

Enrique Santiago, candidato de IU por Madrid al Congreso y secretario general del PCE, considera que “resulta inadmisible que desde los propios servicios de inteligencia del Estado se dedicaran medios materiales y humanos para dar protección privada a amistades de Juan Carlos de Borbón, además de ocultar o hacer desaparecer documentos probatorios que ponen de manifiesto actividades particulares del entonces jefe del Estado y sus socios”

Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, responsables junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, de la querella criminal registrada hace cerca de cuatro meses en el Tribunal Supremo contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión en conjunto de 13 delitos, estudian ampliar esta actuación judicial a partir de los nuevos datos aparecidos hoy en los medios de comunicación. Las nuevas informaciones vinculan aún más las actuaciones de la amiga del rey emérito y empresaria comisionista, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, y encajan en los presuntos hechos delictivos denunciados previamente.

El abogado Enrique Santiago, candidato de IU en la lista de Unidas Podemos por Madrid al Congreso y secretario general del PCE, además de uno de los principales impulsores materiales de la querella, señala que “tal y como recogimos ya en la misma, consideramos que el CNI se convirtió bajo las órdenes del que a día de hoy sigue siendo su director en el apéndice de una organización criminal en la que presuntamente se integraban los querellados, cuya  finalidad era el cobro de supuestas comisiones ilegales por realizar gestiones políticas y comerciales propias de altos cargos del Estado”.

Para Santiago, “resulta inadmisible que desde los propios servicios de inteligencia del Estado se dedicaran medios materiales y humanos para dar protección privada a  amistades de Juan Carlos de Borbón, además de ocultar o hacer desaparecer documentos probatorios que ponen de manifiesto actividades particulares del entonces jefe del Estado y sus socios, la mayoría de ellas incompatibles con sus funciones de Estado en buena medida incompatibles con las leyes españolas”.

El candidato de IU por Madrid al Congreso entiende que lo publicado ahora “pone de manifiesto que el CNI  vino operando no para garantizar la seguridad del Estado, sino para ocultar ante los organismos de control económico, de investigación y de persecución penal españoles la posible comisión de conductas y acciones ilegales, muy posiblemente delictivas”.

Enrique Santiago recuerda que el entonces jefe del Estado y hoy rey emérito “recibió y recibe a lo largo de los años una importante asignación de dinero público para desempeñar con dignidad tales funciones, asignación que parece se complementaba de forma indebida con el cobro de esas supuestas comisiones ilegales. Además, la mencionada organización criminal que denunciamos se dedicó a ocultar estas comisiones ante la Hacienda Pública, así como a las personas que las recibían”.

En la querella presentada por IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el pasado 5 de diciembre se tipificaban ya en relación a Félix Sanz Roldan los supuestos delitos de encubrimiento, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, así como amenazas de muerte condicionales.

Por su parte, a Corinna zu Sayn-Wittgenstein se le vincula con los delitos tipificados de blanqueo de capitales, cohecho, usurpación de funciones públicas, encubrimiento, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y constitución de grupo criminal.

Enrique Santiago lamenta que “a pesar de que los indicios vinculados a este caso han seguido ampliándose con la continua aparición de nuevos hechos y datos, nos sorprendente que a fecha de hoy, casi cuatro meses después de interponer la querella, y habiendo cumplido escrupulosamente con el depósito de la fianza de 12.000 euros que nos exigió el Supremo para estudiarla, no exista aún ni un pronunciamientos del Alto Tribunal ni de ninguna institución del Estado, incluyendo a la Fiscalía, para emprender la más mínima investigación. Seguimos confiando en que no se pase del silencio al reino de la impunidad”.

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