• El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida planteó al Gobierno socialista a través de una pregunta parlamentaria la posibilidad de “promover a través del Instituto de Estudios Fiscales la elaboración periódica de un informe para la evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal”
• El Ejecutivo del PSOE se lava las manos y apostilla en su respuesta que ‘cuantificar la economía sumergida no es fácil, por las dificultades para definir su perímetro con exactitud y porque las actividades recogidas persiguen, precisamente, escapar al control público’
El Gobierno de Pedro Sánchez justifica a Alberto Garzón que a día de hoy no existan por parte de sus antecesores ni tampoco tenga intención de elaborarlos él mismo ningún estudios oficiales sobre la economía sumergida en nuestro país precisamente por eso, porque es sumergida, y “porque ninguno de ellos supone per se una herramienta útil para luchar contra el fraude”.
El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida dirigió al Gobierno del PSOE una pregunta escrita donde, entre otras cuestiones, le interrogaba sobre “¿cuáles son los motivos por los que no existen en España estudios o informes oficiales sobre la economía sumergida y su evolución?” y si tenía intención de “promover a través del Instituto de Estudios Fiscales la elaboración periódica de un informe para la evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal?”
En una más que extraña respuesta, el Ejecutivo niega la mayor y espeta a Garzón que ‘no puede admitirse la premisa en que se fundamenta su pregunta’, ya que ‘según el argumento que subyace en ella no es posible una estrategia coherente para reducir la economía sumergida sin que el Gobierno haga un estudio oficial sobre la economía sumergida y su evolución’.
Los responsables económicos del Ejecutivo del PSOE reconocen en su respuesta que ‘los estudios que tratan de medir, tanto la economía sumergida como el fraude fiscal, suelen elaborarse por organismos internacionales, investigadores académicos o entidades privadas’. Pero a renglón seguido se lava las manos e insiste en que ‘cuantificar la economía sumergida no es fácil, por las dificultades para definir su perímetro con exactitud y porque las actividades recogidas persiguen, precisamente, escapar al control público. Todas las metodologías muestran puntos débiles, ello invita a una necesaria prudencia a la hora de elaborar informes oficiales sobre esta materia, siendo probablemente éste uno de los principales motivos por el que la mayoría de los Gobiernos nacionales no los realizan’.
Izquierda Unida no sale de la sorpresa por los argumentos esgrimidos por el Gobierno. Es decir, parece que sí es posible y pueden elaborarse informes oficiales sobre, por ejemplo, el narcotráfico internacional o nacional, y la incidencia que tienen en nuestro país, o hacer trabajos sobre cualquier otra actividad delictiva que, por esa misma naturaleza, se realiza de manera oculta, pero no sobre economía sumergida o fraude fiscal con la excusa de que ‘no es fácil’ hacerlo y porque ‘persigue escapar al control público’.
El Ejecutivo del PSOE va más allá en su argumentación y apostilla que ‘de hecho, el conocimiento global, macroeconómico o estimativo de la economía informal o sumergida, sin detalle sectorial, no sirve de ayuda a la lucha contra el fraude’.
Alberto Garzón considera “inaceptable” este tipo de explicaciones, entre otros motivos por la “desautorización explícita que supone al excelente trabajo y el gran esfuerzo con una grave carencia de medios que realizan, entre otros/as, los técnicos de la Agencia Tributaria. El máximo responsable de IU destaca, y así se lo recordó también al Gobierno en su iniciativa, que “según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la economía sumergida supone el 25% del PIB y provoca una pérdida de ingresos próxima a los 70.000 millones de euros”.
En contra de la opinión del Gobierno del PSOE, Garzón entiende que “sería muy productivo contar con la elaboración periódica de un informe que contenga un análisis y una evaluación oficial de la economía sumergida en España y del fraude fiscal”.
“Un informe -detalla- que debería estar desagregado territorialmente, por sectores económicos y por tributos, y que podría ser presentado a las Cortes Generales y a los parlamentos autonómicos para su debate y discusión. De ahí podrían salir medidas correctoras para conseguir objetivos anuales y plurianuales de reducción del fraude y la economía sumergida”.
Eso sí, el Gobierno del PSOE no renuncia en su respuesta a utilizar análisis externos para justificar la supuesta buena labor que se lleva a cabo en nuestro país en esta materia, incluido el trabajo del Ejecutivo del PP que tanto criticaba cuando estaba en la oposición, e incluye en su respuesta el argumento de que ‘los estudios de las Instituciones solventes de la Unión Europea (UE) apuntan una tendencia positiva en la evolución de la reducción de la evasión en nuestro país, cuyas cifras de brecha fiscal se sitúan por debajo de la media de la UE. En este sentido cabe citar el “Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, 2016 Final Report TAXUD/2015/CC/131”, que sitúa a España entre los países con un menor impacto de la evasión.
Alberto Garzón recuerda que “la Plataforma por la Justicia Fiscal, movimiento social organizado para lograr un sistema fiscal justo, progresivo y suficiente, viene proponiendo que la entidad que debería realizar y publicar ese informe es el Instituto de Estudios Fiscales, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda”.
