«HORIZONTE REPÚBLICA», DOCUMENTO POLÍTICO – ORGANIZATIVO DE IZQUIERDA UNIDA APROBADO EN LA XII ASAMBLEA FEDERAL

Formato .pdf

• Descargar el Documento Político – Organizativo aprobado en la XII Asamblea Federal de Izquierda Unida (formato .pdf, 273Kb)

 

---

 

Formato texto:

 

1. Introducción

Han ocurrido una cantidad inconmensurable de acontecimientos desde la celebración de la XI Asamblea Federal en 2016. Tal y como señalamos entonces, estamos inmersos en un proceso de crisis que sigue sacudiendo las sociedades y acelerando los tiempos políticos. A las diversas expresiones de la crisis del capitalismo y la globalización se ha sumado una hasta entonces inédita: la sanitaria, como consecuencia de la pandemia global de la COVID-19. Han pasado muchas cosas en los últimos y frenéticos años pero, no obstante, seguimos en un momento de excepcionalidad que nos obliga al mayor de los aciertos en nuestra propuesta política.

Los retos son mayúsculos, pues afrontamos tiempos difíciles. En los últimos cuatro años la amenaza reaccionaria ha ido expandiéndose a lo largo y ancho del mundo. No se tratan solo de experiencias geográficamente lejanas como las de EE. UU. o Brasil, en la Unión Europea ya hay gobiernos explícitamente autoritarios, como el de Hungría o Polonia, y formaciones de extrema derecha se han consolidado con índices muy preocupantes de apoyo, como en Francia o en Italia. España no ha permanecido ajena a este proceso de radicalización de la derecha y cuenta con gobiernos autónomos apoyados por una extrema derecha que está poniendo en peligro los derechos democráticos, cívicos y sociales.

El conjunto de la izquierda transformadora española afrontamos la ofensiva reaccionaria desde una posición paradójica de relativa fortaleza. A pesar de años sufriendo una campaña sin precedentes de acoso y derribo ostentamos una cuota de poder institucional y gubernamental inédita que se está traduciendo en la mejora, aunque todavía insuficiente, de las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Sin embargo, nuestra capacidad de movilización social sigue siendo muy limitada en el actual ciclo político y muy lejos queda ya el empuje popular de los primeros años de la crisis económica. Debemos demostrar por la vía de los hechos que se puede gobernar de otra manera, esto es, poniendo las instituciones al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares, pero nuestra acción institucional no puede entenderse separada de una sociedad civil robusta y organizada, articulada en torno a una nueva cotidianidad con espacios propios de socialización y fraternidad.

En la XI Asamblea señalamos las limitaciones que afrontábamos en Izquierda Unida de cara a la consecución de nuestros objetivos políticos como organización que, en algunos aspectos, devino en partido institucionalizado más que en movimiento político y social. Cuatro años después podemos hacer un análisis positivo, señalando avances como la mejora de los mecanismos de participación e instrumentos de transparencia (sufragio universal, primarias, referéndums, revocatorios…), la puesta en marcha de las redes de activistas como espacios de elaboración colectiva y conexión con el activismo, la adecuación de órganos para agilizar las dinámicas de trabajo o la austeridad económica para solventar la gravísima situación financiera en aras de una mayor independencia política y económica.

Sin embargo, hacemos un análisis autocrítico respecto a uno de los objetivos principales que nos marcamos hace cuatro años: la conformación de un espacio más amplio sostenido en instrumentos democráticos de elaboración, participación y acción colectivas que, en la praxis, supusiera la superación de las dinámicas partidistas de las distintas fuerzas del espacio conjunto de confluencia. Aunque se han dado avances importantes, esto no ha sido posible en los términos que planteábamos por diversos motivos, entre ellos un ritmo político frenético marcado por seis elecciones, dos mociones de censura, la conformación de un histórico Gobierno de coalición y la propia pandemia, o las dinámicas particulares de las fuerzas que conformamos el espacio conjunto. Este análisis autocrítico no nos lleva a la renuncia de dicho objetivo, sino a la adecuación de este a la nueva realidad concreta en la que afrontamos la XII Asamblea Federal.

En esta dirección, apostamos por el refuerzo de Izquierda Unida como movimiento político y social, también en términos de visibilidad, para el fortalecimiento del espacio conjunto de confluencia. Una Izquierda Unida orgullosa de su bagaje histórico-cultural, con arraigo territorial y fortaleza municipal que, sin complejos, mantiene su apuesta estratégica por la construcción de espacios amplios y democráticos de convergencia que sirvan como cimientos políticos de la unidad popular. Apostamos, en definitiva, por reforzar la dinámica de trabajo de Izquierda Unida como movimiento político y social, no en clave corporativista, sino en la línea que sigue señalando nuestra razón de ser después de 34 años: la articulación de alianzas que, enraizando en la sociedad civil y en la cotidianidad de la clase trabajadora y los sectores populares, va construyendo un nuevo proyecto de país.

Somos conscientes de que no soplan vientos favorables para la izquierda transformadora. El contexto en el que resituamos nuestra propuesta política es ostensiblemente más complejo que hace cuatro años. Sin embargo, no solo no renunciamos, sino que reforzamos nuestra apuesta constituyente por la ruptura democrática, que sintetizamos con precisión de la siguiente manera: República Federal, Plurinacional y Solidaria. Para nosotros y nosotras, la República no es solo una forma de Estado que puede dar solución al problema territorial, sino un proyecto político muy amplio que debe conectar con todas las injusticias, los problemas y los anhelos de la ciudadanía para elevarlos al plano más importante, el del proyecto de país: una España republicana, más justa, más democrática, más igualitaria y más fraterna que servirá, en última instancia, para que las familias trabajadoras puedan vivir más dignamente.

No podemos decir que haya sido fácil. Tampoco podemos decir que hayamos alcanzado todos nuestros objetivos. Pero sí podemos decir que en los últimos cuatro años hemos conseguido avances importantes no solo para nuestra organización, que se encontraba en una situación muy delicada, sino también para las familias trabajadoras de nuestro país. Esto no habría sido posible sin el trabajo colectivo de los hombres y las mujeres que hacemos de Izquierda Unida una organización imprescindible en la construcción cotidiana de nuestro propio futuro. Un futuro socialista, feminista y ecologista.

Seguimos, juntos y juntas, avanzando hacia la República.

 

2. Crisis del capitalismo neoliberal y la globalización y crisis ecológica-planetaria

La crisis de la COVID-19 está poniendo de manifiesto, con especial crueldad, que el capitalismo es incapaz de resolver de forma satisfactoria los problemas que se le plantean hoy a la humanidad. No faltan recursos ni medios para atender las necesidades sociales y preservar el medioambiente, pero este sistema es incapaz de utilizarlos en beneficio de la mayoría de la sociedad. Es normal, pues los capitalistas explotando a los trabajadores y las trabajadoras asalariadas tienen una finalidad principal: procurar el máximo beneficio en el menor plazo posible, a lo cual está supeditado abordar retos de otra índole. En una sociedad donde la producción se ha reducido al máximo y la especulación sigue ganando terreno, el capitalismo no tiene entre sus objetivos abordar retos como la crisis ecológica mundial, el hambre de sectores más empobrecidos o la precariedad laboral.

El FMI, en sus perspectivas económicas para 2021, ha mostrado el colapso del sistema y los efectos de una recesión más grave que la de 2009. En ese contexto en el que hay soluciones como las vacunas, que han contado con inmensas inversiones públicas y privadas dedicadas a su investigación que ya son una realidad. Pero esto pone de manifiesto la insaciable condición del capitalismo, y está poniendo ante nuestros ojos un nuevo episodio del mismo con el injusto reparto de las vacunas, donde priman los beneficios empresariales de las grandes farmacéuticas por encima de la salud pública mundial. De nuevo el capital privado quiere aprovechar para su propio beneficio las inversiones públicas y es por lo que desde Izquierda Unida entendemos que para acabar con esta situación es necesaria la eliminación de las patentes, de forma que se pueda aumentar la producción y llegar así a toda la población mundial.

Nunca ha sido más clara la necesidad de una mayor inversión de los Estados en ciencia y en sanidad pública y de una respuesta global coordinada de acuerdo a la magnitud de la crisis. Sin embargo, el capitalismo, lejos de tomar medidas que enfrenten la crisis, continúa fiel a su inercia egoísta y prefiere ignorar la gravedad de la situación como si esta fuera a arreglarse sola.

Es normal, pues en una sociedad capitalista los medios de producción solo tienen una finalidad: procurar el máximo beneficio en el menor plazo posible a sus propietarios, y no está dentro de sus objetivos abordar retos de otra índole.

Por eso, su acelerado crecimiento, desarrollo y extensión ha ido acompañado de un incremento de la explotación de la clase trabajadora y los sectores populares expresado en el aumento de la desigualdad y el insostenible expolio de los recursos naturales. Lógicamente las contradicciones se han agudizado hasta niveles extremos porque la expansión en esta fase del capitalismo ha ido acompañada de la instalación de la precariedad en la realidad cotidiana de la vida de la mayoría social. Si el sistema en el que vivimos no está en condiciones de garantizar unas condiciones de vida dignas a todo el mundo, aunque sí que demuestra eficacia a la hora de enriquecer a una minoría, el diagnóstico debería reconocer que una cosa es la condición de la otra. Y deberíamos sacar las conclusiones oportunas.

Una y otra vez experimentamos cómo el propio éxito del sistema le lleva a tasas de ganancia menores que no satisfacen a la ingente cantidad de capital que espera su retribución, lo que es aprovechado como coartada para deteriorar los derechos laborales y el sistema público. La forma natural del capitalismo de atacar esa situación son las crisis que destruyen fuerzas productivas, buscando nuevos mercados e intensificando la explotación de los trabajadores y las trabajadoras para obtener más plusvalía. Eso es justo lo que está haciendo y, necesariamente, tiene unas consecuencias sociales y medioambientales desastrosas.

En España, las transformaciones productivas que llevaron a la desindustrialización y a procesos de reconversión y desmantelamiento industrial, promovidas inicialmente por los gobiernos del PSOE y reforzadas por los sucesivos, fueron una de las claves para la actual configuración de nuestro país como una economía periférica en la que reina el trabajo precario. La inclusión de España en la UE acentuó esta especial inserción de nuestra economía en la división internacional del trabajo, quedando a merced de la propia dinámica del libre mercado. En ese contexto el lugar de la economía española en la división internacional del trabajo queda a merced de la propia dinámica del libre mercado. Y dada la dependencia de una economía capitalista como la española, el resultado es una desafección ciudadana ante las instituciones políticas, al ver cómo se permiten la deslocalización industrial y la libertad de capitales con la única finalidad de conseguir más rentabilidad.

No puede abordarse el papel de la economía española en la UE sin tener presente estas consideraciones sobre el capitalismo mundial, muy desarrollado y con rasgos globales de sobreproducción, que lo alejan de las necesidades básicas del conjunto de la población. En la actual fase de producción del capitalismo, los bienes no son creados para cubrir estas necesidades, sino que estas son creadas en base a la generación de beneficios especulativos. Dicha dinámica genera además una incesante búsqueda del beneficio económico a corto plazo que lleva a desplazar las inversiones de capitales fuera de la inversión productiva para maximizar ganancias con dinámicas basadas en el dumping geográfico y social, las inversiones especulativas, privatización de servicios públicos esenciales, etc.

La propia dinámica del capitalismo neoliberal de concentración de capital y de recursos humanos para su explotación con el mínimo de costes y el máximo de beneficios ha ido provocando el éxodo masivo de la población del medio rural a los centros urbanos y ha supuesto el vaciado del territorio de un tejido industrial y agroganadero a pequeña y mediana escala que daba opciones de vida en los pueblos. Es urgente un cambio de modelo productivo que deje de concentrar en macroproyectos insostenibles para la sostenibilidad económica y ambiental la industria, las líneas de distribución y comercialización y la red de transportes, y que descentralice el sistema de producción de forma extensiva en el medio rural. El objetivo en última instancia debe ser la sostenibilidad social, económica y medioambiental, asumiendo retos como la seguridad y soberanía alimentaria, la preservación medioambiental, la lucha contra el cambio climático y la resiliencia frente a sus efectos, la revolución tecnológica y digitalización o la transición energética hacia las energías renovables.

La crisis del capitalismo español y el deterioro del Estado de bienestar no son sino la manifestación de la dependencia del capital extranjero y el propósito del proyecto neoliberal es facilitar las condiciones que le permitan insertarse en el capitalismo mundial a costa de un proceso de precarización y mayor explotación laboral. Cometeríamos un grave error si pensáramos que la crisis es el resultado de la epidemia de coronavirus. Cierto es que ha sido un detonante que ha precipitado la situación. Pero un simple vistazo tras el escenario muestra que el periodo de crecimiento económico después de la crisis de 2007 ha dejado demasiada gente atrás y se ha instalado en la normalidad la precariedad como forma de vida. En definitiva, nos enfrentamos al shock económico que ha seguido a la pandemia, con una cuarta parte de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. En 2018 más de 12 millones de personas, que suponen más del 26% de la población española, estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social, y más del 5% sufría privación material severa. Y ni siquiera la COVID-19 formaba parte de nuestra realidad diaria. Todos los indicadores ya avisaban de que nos aproximábamos a una crisis, la COVID-19 solo la precipita y la generaliza. Sus efectos sociales muestran una economía orientada al beneficio a corto plazo que carece de las reservas para hacer frente a esta situación, y sustentada principalmente en el sector servicios, con el turismo, intensivo en mano de obra precarizada, como referente. La precariedad laboral es tan intensa que, ante una dificultad seria como la actual, la mayoría apenas tiene margen para resistir ni siquiera unas semanas.

Han sido la clase trabajadora y los sectores populares quienes han pagado sus consecuencias. Quienes están en situación más precaria se han encontrado sin recursos para vivir. Quienes dependían de la economía sumergida o buena parte de quienes dependían de empleos precarios, se han quedado sin ningún ingreso. Quienes han pasado a depender de un ERTE para comer han visto cómo sus ingresos se reducían y sufrían carencias materiales al tiempo que tardaban en cobrar las prestaciones sociales. De hecho, no tener ahorros impide a las familias trabajadoras hacer frente a las necesidades más básicas y como expresión más evidente hemos visto la proliferación dramática de las colas del hambre. Una vez más, quienes sufren en mayor medida las recesiones son los y las más vulnerables y se incrementa la brecha de la desigualdad. Mujeres, trabajadores y trabajadoras migrantes, personas de edad avanzada o jóvenes en general, y sobre todo aquellos con menos formación, van a sufrir los embates mayores de esta crisis.

Merecen una mención especial los trabajadores y las trabajadoras migrantes en situación irregular y las niñas y los niños no acompañados. El colectivo de trabajadores y trabajadoras migrantes en situación irregular no solo sufren la explotación en la economía sumergida, tanto en actividades lícitas como ilícitas –como la explotación y esclavitud sexual de mujeres– sino que, debido a su situación irregular, carecen de medios jurídicos para defender sus derechos. En cuanto al colectivo de menores migrantes no acompañados, no solo han sido objeto de una campaña de criminalización por parte de la derecha, sino que en las regiones donde gobiernan se han vistos privados de ayudas públicas adecuadas al no reconocerles la situación de desamparo, viéndose así amenazados a ser repatriados a sus países de origen, incluso en situación de guerra, contra su voluntad.

Además, los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, principalmente los sociosanitarios, y de los servicios sociales, han tenido que afrontar la pandemia sin medios humanos y materiales suficientes, ni los equipos de protección adecuados. Personal y pacientes han pagado en términos de vidas y en sufrimiento los recortes en sanidad pública de todos estos años. La expresión más macabra de la política de convertir los servicios públicos en negocio privado, así como la dejación, fruto de los recortes y las privatizaciones, desde algunos espacios de lo público, la hemos encontrado en las residencias de mayores, un lucrativo negocio privado que, si ya estaban en precario antes del coronavirus, con la enfermedad se ha generado una verdadera catástrofe. Con una sanidad y sistema de residencias públicas, con medios suficientes, se hubieran salvado muchas vidas. Sin embargo, los gobiernos de derechas se preparan para seguir privatizando la sanidad pública y mantienen unas plantillas insuficientes para atender las necesidades y en condiciones de precariedad.

Pero no nos quedamos únicamente en la denuncia. Apostamos por avanzar en el modelo de sistema sanitario y de políticas de salud que defendemos. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad del desarrollo y la implantación de un sistema estatal de cuidados que garantice condiciones dignas para las personas cuidadas y para las personas cuidadoras. Si nuestro sistema sanitario se organiza en tres grandes pilares, Atención Hospitalaria, Atención Primaria y Salud Pública, debemos denunciar que estas dos últimas han sido históricamente abandonadas, particularmente la Salud Pública, entre cuyas principales funciones está la vigilancia y gestión epidemiológicas, donde además es preciso incluir y potenciar una atención adecuada a la salud mental. Por esta razón, urge derogar la Ley 15/1997, que ha dado amparo legal a la privatización de la sanidad pública.

Las distintas leyes que regulan nuestro sistema sanitario hablan de la importancia de la prevención y la promoción, de la participación ciudadana, de un modelo integral de salud, de la importancia de atender los distintos determinantes de la salud (también los sociales y comunitarios), de la Atención Primaria como la base del sistema, etc. La realidad nos habla de un modelo asistencialista frente a un modelo basado en la prevención y la Salud Pública, excesivamente sesgado hacia la atención hospitalaria frente al basado en la Atención Primaria, centrada casi exclusivamente en la curación de enfermedades físicas individuales frente a un modelo integral de salud donde también se dé relevancia a la salud mental y la social, con poca participación social frente a un modelo democrático y participativo, que prioriza como factores de riesgo los estilos individuales de vida (tabaco, dieta, deporte) frente a los determinantes sociales y ecológicos (vivienda, trabajo, medio ambiente); un modelo basado en un uso excesivo de pruebas diagnósticas y medicamentos frente a un uso racional de los mismos, ya que se dan intervenciones sociosanitarias más integrales con refuerzo de la rehabilitación y la medicina comunitaria.

Así, en las estadísticas de gasto sanitario público de 2018, la atención hospitalaria y especializada con un 61,8% y el gasto farmacéutico con un 16,2% constituyen las principales partidas, frente a un insuficiente 14,6% en Atención Primaria y un exiguo 1,1% en Salud Pública. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que es imprescindible reforzar la Atención Primaria (también en su dimensión comunitaria) y la Salud Pública, no solo para poder salir de esta crisis sino también para prevenir y prepararnos para las futuras. Es preciso coordinar esfuerzos y luchas, contando con todos los agentes sociosanitarios en la prevención y la promoción de la salud pública. No podemos ceder a la hora de proponer intervenciones dirigidas a prevenir enfermedades y discapacidades, siempre integrando las dimensiones física, psicológica y social de la persona, además de contemplar la perspectiva de ciclo vital y de género.

Por otro lado, multitud de pequeños negocios y autónomos también se han quedado sin ingresos o los han visto caer en picado en estos meses. Y la situación se agravará con la necesidad de mantener las medidas de precaución contra la enfermedad y por la caída de los ingresos de la mayoría de las familias trabajadoras.

Hay dos alternativas. La que proponemos desde Izquierda Unida es audaz y pasa por la reindustrialización del país, el control público y basado en el interés general de los sectores estratégicos y acercar el nivel de provisión de servicios públicos y la recaudación fiscal a rentas y patrimonios elevados al nivel de la media de la Eurozona, aunque este tampoco es nuestro modelo.

Actuar de forma limitada, además de no abordar las políticas de impulso necesarias para proteger a la mayoría social y mejorar la vida de la gente, deteriora la estabilidad de las finanzas públicas y dispara la deuda. Se impone abordar una reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva e incrementar nuestro ingreso público en casi 76 mil millones de euros para situarnos al nivel de la media de la Eurozona o más de 156 mil millones de euros anuales para situarnos al nivel de Francia. Hace falta tomarse definitivamente en serio el artículo 31 de la Constitución Española y la capacidad de abordar la redistribución y la capacidad de acción colectiva a través de las administraciones públicas, pues tenemos bienes comunes limitados y cada vez más escasos y difícilmente accesibles para amplios sectores de la población. El vínculo generado entre creación de riqueza y maximización de beneficios creciente solo permite crear dicha riqueza a costa de una degradación medioambiental insostenible e incompatible con la vida. Por esto, la única posibilidad de justicia es la distribución equitativa en el acceso a la riqueza. Porque luchar contra la pobreza es luchar contra la acumulación de la riqueza. Así pues, luchar contra el fraude fiscal de las grandes fortunas y empresas, eliminar las sicavs y aumentar las plazas de inspección fiscal son algunas de las medidas que debemos adoptar para conseguir la redistribución de las rentas.

Apostamos por un Estado fundamentado en la justicia social, al servicio de lo público frente al mercado. El artículo 31 de Constitución avala que quien más tiene más aporta, y la redistribución de la riqueza es necesaria hacerla desde las políticas sociales públicas, destacando entre ellas las políticas de servicios sociales. Por ello también es necesario blindar constitucionalmente los derechos sociales de la mayoría social y trabajadora para que no sean relegados a un segundo plano, por detrás del pago de la deuda externa, por ejemplo, impuesto desde la modificación del artículo 135.

La lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal es imprescindible también en términos de recaudación. La economía sumergida supone en España, aproximadamente, el 20% del PIB, y la pérdida de recaudación con la actual presión fiscal ascendería a casi 84.000 millones de euros. Por otro lado, en cuanto al fraude fiscal, con la aplicación de medidas legales y administrativas, podría generar una bolsa «corriente» de 15.000 millones anuales, a lo que habría que añadir unos 75.000 millones anuales como consecuencia de la prosecución y recuperación del fraude histórico vivo.

Un avance en esta redistribución de riqueza y compensación de desigualdades que genera el modelo capitalista ha sido el Ingreso Mínimo Vital, un elemento clave para la lucha contra la exclusión social pero que necesita importantes mejoras, sobre todo para su acceso (no obstante, sus insuficiencias reflejan la necesidad de nuestra propuesta de trabajo garantizado). Pero no hemos de olvidar que leyes como la de Atención a Personas Dependientes (Ley 39/2006, de 14 diciembre) necesitan la financiación suficiente para garantizar la atención a las miles de personas que fallecen cada año sin ser atendidas teniendo el derecho a esta atención, o unas condiciones dignas para las personas cuidadoras. Tampoco nos olvidamos del desarrollo de Programas Específicos para la lucha contra la pobreza infantil, con las medidas necesarias para erradicar las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión en la infancia.

El desempleo es una de las principales expresiones de ese proceso de exclusión social que alimenta la dinámica de crecimiento brutal de la desigualdad social. El paro registrado en febrero de 2021 alcanzó los 4 millones. Si a eso le sumamos 1,62 millones de inactivos, personas a las que las circunstancias les ha impedido buscar empleo pero no encajan en las condiciones de la OIT para considerarlas desempleadas, tenemos más de cinco millones y medio de personas excluidas del mercado de trabajo y, en consecuencia, en riesgo de pobreza o viviendo ya por debajo de ese umbral, ellos y sus familias.

El reparto del trabajo existente es una necesidad urgente y sería el camino efectivo para conseguir un reparto de la riqueza más equitativo. Eso supone ir en dirección contraria a la que la clase empresarial nos ha llevado hasta hoy. Pero, ¿es posible repartir el trabajo sin reducción salarial sin afectar negativamente a la economía? Si dividimos el número de horas efectivamente trabajadas en 2019 por el conjunto de la población activa, el resultado es que la jornada laboral semanal se podría reducir hasta las 28 horas semanales. Repartiendo el trabajo podríamos producir lo mismo y trabajar todos y todas con una jornada muy inferior a la actual.

Desde 1931, que es cuando se decreta la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 semanales, el valor añadido bruto por hora trabajada se ha multiplicado por 10. Hoy se produce lo mismo en 22 días que en 1931 en todo un año. Sin embargo, en ese mismo periodo la jornada laboral tan solo se ha reducido un 16%. Desde 1980, cuando se aprueba la jornada semanal de 42 horas, la riqueza se ha multiplicado por 2,75 en términos reales, pero la jornada laboral legal se ha reducido tan solo dos horas a la semana (en 1983) y en la cruda realidad del día a día en las empresas lo cierto es que tiende a incrementarse.

El enorme aumento de la productividad y de la riqueza experimentado en esos 90 años no se ha repartido por igual en la sociedad. Ese reparto desigual es lo que subyace y alimenta la tendencia creciente de la desigualdad social. Darle la vuelta a esa tendencia supondrá enormes ventajas sociales para la población trabajadora. Permitirá abrir una época en la que se trabajará para vivir y no se vivirá para trabajar.

Para conseguirlo, nuestra organización plantea una campaña de información y debate sobre la necesidad de repartir el trabajo para que trabajen todos y todas, de la que salga una propuesta de ley. Esta lucha debe empezar a escala estatal, pero con el objetivo de lograr una gran movilización internacional por la Jornada Laboral de cuatro días a la semana, con un menor número de horas, y sin reducción salarial, tal y como se dio en el pasado en torno a la jornada de 8 horas diarias.

Por eso hace falta una mirada larga. Frente a la disputa entre propuestas neoliberales y keynesianas para afrontar las consecuencias de esta crisis, levantamos orgullosos la bandera de la transformación de la sociedad y el socialismo como la única forma de aprender del pasado y no caer en las trampas y chantajes que las élites dominantes nos han impuesto en crisis anteriores.

Ni neoliberalismo ni keynesianismo, la alternativa es el socialismo

No debemos permitir poner solo un paréntesis temporal al neoliberalismo, acudiendo al Estado para socializar pérdidas, para después exigir que la clase trabajadora pierda derechos y nivel de vida mientras el mercado acumula los beneficios privados. Aunque saludemos con entusiasmo que esta crisis no se aborde con las políticas de austeridad que caracterizaron lo que pasó hace una década, eso no es suficiente. No nos conformamos, porque creemos que es imprescindible tomar las riendas de nuestro futuro y para eso precisamos de más mirada colectiva, más Estado y menos mercado. Un Estado social avanzado que democratice la economía de forma equitativa, justa y sostenible. Para impulsarlo es imprescindible una Banca Pública de verdad para que los ahorros de la sociedad depositados en las entidades bancarias se dirijan a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo.

La transformación que propugnamos exige un Estado con un poder público fuerte, democrático y participativo, que se proponga intervenir para garantizar los derechos; para proteger particularmente los derechos de la mayoría social trabajadora; para establecer servicios públicos de calidad y universales, que garanticen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al ocio; para redistribuir la riqueza y las oportunidades. La transformación social exige un Estado que promueva no solo el bienestar social, sino que promueva activamente la justicia social y la igualdad; una revolución democrática y una revolución social son dos procesos íntimamente relacionados. Es necesario un cambio en las relaciones de propiedad de las grandes fuerzas productivas si queremos que la democracia entre en la economía y dejemos de ser esclavos de los mercados.

Es ineludible una verdadera planificación democrática de la economía que ponga la prioridad en las necesidades sociales de la economía y que tenga en cuenta los límites que la naturaleza nos impone.

Porque para que la implementación del socialismo y que su mención no sea un mero fetiche u objeto retórico, además de los elementos antes mencionados, es necesario recuperar una herramienta que debe estar más presente en nuestro discurso y práctica, la planificación democrática de la economía. Es urgente desarrollar las herramientas técnicas y políticas que nos permitan responder a preguntas clave como son: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y para quién y quiénes producimos, reproducimos y consumimos. A esta planificación democrática y deliberativa se debe incluir en qué condiciones, con
qué materiales y con qué energía se desarrollan estas actividades y por supuesto cual es el impacto sobre el entorno y las generaciones futuras que tienen. Para recuperar esta herramienta debemos acometer, las siguientes tareas:

• Investigación y formación. Necesitamos recuperar el gran conocimiento generado durante todo el siglo XX y adaptarlo a los avances científicos y técnicos que se han producido en las últimas décadas para disponer de una propuesta solvente y viable.
• Trabajo programático. Es necesario incorporar a los programas electorales en todos los ámbitos y candidaturas en las que concurrimos propuestas concretas y enfocadas a retos y problemas específicos de planificación democrática.
• Trabajo institucional. Debemos ser capaces de implementar en las instituciones y especialmente a aquellas en las que ejercemos tareas de gobierno nuestras propuestas de planificación, demostrando que aportan soluciones para nuestros problemas de hoy.
• Trabajo de concienciación. Debe ser una prioridad afrontar décadas de propaganda contraria a estos instrumentos y ser capaz de trasladar a la población la importancia de recuperar la capacidad de tomar decisiones sobre aquellos elementos que tienen una importancia crucial en nuestras vidas y que hoy están en manos, no ya del mercado, sino de una oligarquía económica.

Como acertadamente indicaba Paco Fernandez Buey, marxista y padre del ecologismo político en nuestro país: “El programa comunista no es para pasado mañana, no es un programa máximo que uno se guarda para ponerlo en práctica el Día de San Jamás mientras hoy se acomoda a lo que hay. Es un programa para hoy, para ahora y para mañana. Se concreta desde ya: en los lugares de trabajo, en la propuesta de políticas tecnocientíficas alternativas, en la oposición a las guerras, en las medidas legislativas para favorecer la igualdad de los géneros, en el presupuesto participativo, en la universalización de una enseñanza pública digna, en el control social de la sanidad, en el uso alternativo de los medios de comunicación, en las propuestas de reducción de los tiempos de trabajo, en la crítica de la cultura imperante”.

La soberanía de un Estado no se garantiza solo por la declaración programática de su Constitución o por la defensa de su territorio. Su capacidad de desarrollo económico, industrial y tecnológico, son factores estratégicos para garantizar, también, su soberanía. Y en esto, España no se encuentra bien situada en el contexto internacional. España es un país muy dependiente de la inversión exterior, pero también de la innovación e invención exterior. Su secular ausencia de política industrial se enfatizó, más si cabe, en los primeros años de la Transición, con aquella famosa frase de un ministro de Felipe González: “la mejor política industrial es la que no existe”. Estas palabras no son solo una expresión detestable, sino que han constituido el ideario político de gobiernos sucesivos que han puesto el desarrollo económico e industrial de España en manos de “los mercados”.

La política industrial ha de planificarse con vocación de Estado en todas sus dimensiones. Definir bien los elementos estratégicos de la misma y las políticas para desarrollarlas, marcará a futuro la diferencia entre un Estado español con una alta cuota de soberanía o, por el contrario, tal como ocurre ahora, estar a merced de decisiones externas, ya sean Estados o empresas multinacionales. Así, desarrollar una política energética autosuficiente requiere de inversión en investigación y en desarrollo, pero también requiere de una regulación que la haga más accesible a las empresas y a las familias. Abolir la pobreza energética en España va a depender, en gran medida, del papel regulador del Estado y su intervención directa en el mercado, como están haciendo otros países de la UE.

Ser receptores de tecnología en materia energética, en telecomunicaciones, en fabricación de maquinaria de alta tecnología, en maquinaria de transporte, en industria farmacéutica, en el desarrollo del vehículo eléctrico, etc., nos hace vulnerables a decisiones externas, tanto en los costes de acceso a esos bienes como en las decisiones de implantación y deslocalización de esas actividades. Pero esa misma falta de planificación económica ha hecho que, por ejemplo, seamos el segundo país del mundo en kilómetros de Alta Velocidad y uno de los peores de Europa en transporte ferroviario de mercancías. La falta de objetivos claros nos lleva a tomar decisiones esperpénticas. La planificación económica es un mandato constitucional, no lo olvidemos.
España, pues, debe definir todos aquellos sectores estratégicos de los cuales somos dependientes para fijar políticas concretas de desarrollo y volcar los esfuerzos económicos en apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación en esos sectores. Esto será bastante más productivo que “trastear” con las subvenciones a la contratación, reducciones fiscales u otros instrumentos parecidos.

Por todo ello, Izquierda Unida apuesta decididamente por una mayor intervención del Estado en la producción y distribución de energía, a través de una empresa pública que compita con el oligopolio energético actual, abaratando precios, apostando de forma progresiva por las energías renovables más baratas y ambientalmente sostenibles y permita poner fin a las “puertas giratorias”.

En definitiva, tenemos que liderar las propuestas transformadoras que eviten un ‘cambio sin cambio’, planteando una salida de la crisis que no solamente ponga en la mesa propuestas asistenciales o de ayudas que dejen intacto el sistema. Nuestra apuesta es el socialismo. En consecuencia, defendemos la participación, intervención y planificación democrática del Estado en la economía y la necesidad de reivindicar la nacionalización de sectores y empresas que son consideradas estratégicas para el país. Un punto que, de hecho, ya viene recogido en la Constitución española.

Es imprescindible armonizar la tributación de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, aumentando los tipos tributarios para las rentas y patrimonios más elevados, evitando así la competencia fiscal entre las distintas Comunidades Autónomas. De igual modo, es ineludible elevar el tipo del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito que está situado en un insuficiente 0,03% en la actualidad. Esta figura tributaria debe servir para recuperar el rescate bancario. También en la necesaria reforma fiscal debe abordarse la ampliación de la tributación en el Impuesto sobre Transacciones Financieras a los derivados como forma de combatir la especulación financiera.

En esta nueva forma de ver la economía hay una nueva idea que surge con fuerza desde las propias filas del neoliberalismo económico, la Economía Circular, un nuevo concepto que, si bien se plantea para atajar la falta de recursos para producir, se está convirtiendo en una nueva forma de Green Washing (lavado de imagen verde). El sistema lineal obsoleto de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites. La sobreexplotación de los recursos naturales hace necesario un cambio real en los esquemas de consumo y producción. Está claro el agotamiento de una serie de recursos naturales, materias primas y más de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la economía circular debe proponer un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los flujos de materias primas, energía y residuos, y su objetivo debe ser tanto la eficiencia del uso de los recursos como la no utilización de estos de forma innecesaria.

El concepto capitalista de producir de más para consumir de más ha llevado al planeta a un punto de crisis climática que, de no modificarse, acabará por hacerlo insostenible para la vida. Para revertir el concepto capitalista es necesario no solo una nueva forma de producir, sino también una nueva forma de usar los productos que generamos.

En Izquierda Unida consideramos la Economía Circular como el conjunto de medidas que nos permitan generar una sociedad más acorde y respetuosa con el medio ambiente, siendo este el fin de esta, y no el meramente económico, desarrollando un modelo en el que hagamos un especial hincapié en la forma actual de consumir, modificado el concepto mismo de personas consumidoras por el de usuarias. Para construir un modelo productivo en el que todo lo que diseñemos para la utilización personal o colectiva esté diseñado en parámetros de durabilidad, reutilización y reciclaje de todos sus componentes y la defensa del comercio de proximidad.

Tanto la Economía Circular, con su ya mencionado Green Washing, como nuevas fórmulas sociales equiparables como el Housing First, son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible firmados por Naciones Unidas. Son objetivos estructurados que necesitamos alcanzar y que van en la misma línea que los valores de nuestra organización y de una sociedad internacional y colectiva. Tenemos una gran oportunidad para demostrar su necesidad y, al mismo tiempo, su incompatibilidad a largo plazo con el sistema capitalista. Es fundamental que durante los próximos años se protejan estos objetivos de los intereses privados.

Y esa economía, que tiene que aspirar a ser sostenible ambientalmente y justa socialmente, tendrá que construirse no solo sobre las ruinas del viejo sistema, sino también con algunos de sus materiales convenientemente tratados. En ese sentido, sabemos que el camino pasa por construir un nuevo sentido común que prime lo de todos y todas frente a lo de una minoría, la cooperación frente a la competencia, la solidaridad frente al egoísmo, el colectivismo frente al individualismo, el Estado frente al mercado y a los de abajo frente a los de arriba. En esta línea merece una mención especial la economía social, que en España son principalmente cooperativas y sociedades laborales que en su conjunto representan ya un 10% del PIB y un 9% de ocupación, empresas basadas en los principios de participación democrática, que no se deslocalizan y que reúnen el compromiso con el entorno medioambiental y social. Es por ello que debemos impulsar estas iniciativas de gestión democrática de la economía.

Toca unir los intereses de todas las clases subalternas frente a la dinámica perversa de un capitalismo que no solo es injusto, sino que amenaza, literalmente, la vida en nuestro planeta. Porque el capitalismo obvia la existencia de límites físicos en el planeta, cosa a todas luces absurda. Pero además invisibiliza los tiempos necesarios para la reproducción social cotidiana que, en los contextos patriarcales, son asignados mayoritariamente a las mujeres. No es casual porque eso contribuye a una explotación mayor. Dado que elude la existencia de límites físicos, se afana en crecer incluso a costa de la destrucción de lo que precisamente necesitamos para sostenernos en el tiempo y se basa en una creencia tan ilusa como peligrosa: la de que las personas somos completamente autónomas e independientes respecto a la naturaleza y al resto de personas. Para que eso pueda ocurrir, es decir, para poder vivir “emancipados” de la naturaleza, de su propio cuerpo o de las relaciones con el resto de las personas, hace falta que sean las mujeres, los bienes y ciclos naturales, otros territorios y otros pueblos quienes mantengan o quienes soporten las consecuencias ecológicas, sociales y cotidianas de esta supuesta vida independiente, como se refleja en la vergonzosa y habitual práctica de los países desarrollados de exportar una parte significativa de sus desechos, en especial los más tóxicos, a países pobres donde no existe regulación o control medioambiental. En definitiva, para que el sistema funcione se impone una profundización mayor aún de la explotación. Y ese camino nos lleva a un callejón sin salida.

Necesitamos un cambio progresivo del modelo de consumo. Nuestra sociedad depende del consumo para sostener la economía. A esto hay que añadir que existe un deseo de consumo asociado a la realización personal. Gran parte de ese deseo es generado desde las grandes corporaciones. Somos una sociedad de consumo que está inmersa en un consumismo irresponsable. Los bienes que consumimos requieren para su elaboración energía y recursos naturales, esto incide directamente en el deterioro del planeta. Para proteger el planeta es necesario consumir menos recursos naturales, usar menos energía y generar menos residuos. Por otro lado, con la disminución del consumo se debilitaría el tejido productivo, ya que el consumo es un soporte básico de la economía. Por lo tanto, es urgente cambiar el modelo y los hábitos de consumo.

Todas las crisis son un marco en el que la pugna política e ideológica se acentúa, pasando a primer término los diferentes modelos de salida. Y por eso se hace más visible la ofensiva desatada por los diferentes sectores de las clases dominantes de nuestro país. Frente a ellos, es el tiempo de hablar de cooperación, producción, de lo público, de vidas seguras, de equidad y de justicia.

Ante esta pandemia global, los Estados nacionales y los organismos supranacionales, especialmente la Unión Europea, van a poner en circulación considerables cantidades de dinero. Debemos aprovechar esta situación para impedir que las ayudas acaben saneando a la gran banca y grandes empresas sin contrapartidas para el Estado, ya que eso supondría un nuevo rescate pero encubierto con las ayudas de la reconstrucción. Dichas ayudas deben configurarse para mejorar la incidencia en la toma de decisiones de dichos sectores por el Estado, intercambiándose por acciones, y garantizando mejoras para la clase trabajadora, limitando las posibilidades de despido o precarización de los puestos de trabajo.

Es vital que luchemos para que todas las ayudas del Estado al sector privado se hagan con condiciones para evitar socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, así como por la nacionalización de empresas esenciales y sectores estratégicos (energía, transporte, laboratorios médicos…). Por eso, en esta coyuntura se impone que triunfen las estrategias que proponemos para recuperar la posición central del sector industrial y los servicios públicos en el modelo de desarrollo económico y, con ello, afrontar de la mejor manera posible los retos que tenemos como sociedad. Y todo ello desde un decidido impulso desde lo público, único garante de que la reconstrucción industrial asegure los sectores estratégicos y nos pongan en la senda de una industria sostenible con empleos de calidad.

Y eso no es compatible con un sistema capitalista que utiliza la financiación como arma que, no solo ahoga al Estado con altos intereses de deuda, sino que compromete la viabilidad de la industria con la continua amenaza de los inversores de llevar su dinero a filiales que operan en países en los que no hay derechos laborales. Por eso, la participación pública en las empresas industriales aseguraría su independencia respecto a su financiación y revertir la ola de privatizaciones que en los años 90 descapitalizó al Estado, y por tanto a toda la ciudadanía, dejando a la industria a merced de la voracidad de los fondos de inversión internacionales.

En ese sentido, es imprescindible implicarse también en la defensa de la información veraz, derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución, que nos está siendo arrebatado por los monopolios y la gran banca. Para ello es ineludible potenciar unos medios públicos de calidad al servicio de la ciudadanía con la creación de una gran empresa de comunicación en la que se integren RTVE y la agencia EFE, además de potenciar la agencia EFE en Iberoamérica y recuperar el prestigio de esta, que el PP quiso minar.

Además, no se puede dejar de abordar otro elemento relevante en la transformación económica como es el papel de lo tecnológico, y expresamente el de las tecnologías de la información. Por ese motivo, debemos abordar su análisis y regulación para evitar sesgos en su uso que afecten a nuestra clase y sus intereses, así como para garantizar su gobernanza democrática. Nuestra organización debe hacer un esfuerzo en formación que nos permita desarrollar políticas que respondan a esta realidad de forma proactiva.

Pero hay que hacerlo de manera compatible con la imprescindible transición ecosocial y afrontar de manera multidimensional la crisis global transformando la economía en sentido amplio. Al mismo tiempo, se hace necesario impulsar, junto con las organizaciones sindicales, la participación de los y las representantes de los y las trabajadoras en los consejos de administración de las empresas.

Tal y como se indica desde el ecologismo social: la pregunta no es si queremos que el mundo cambie, porque el cambio está sucediendo. Debemos resolver si vamos a hacernos responsables de este para evitar que lo lideren las élites o vamos a hacerlo teniendo en cuenta que los seres humanos tenemos un suelo mínimo de necesidades que garantizan poder tener una vida digna y también un techo ecológico que no es razonable superar si no queremos correr importantes riesgos ecológicos.

Entre ese techo y el suelo de necesidades hay un espacio confortable y mucho mejor que el actual para la clase trabajadora y los sectores populares. No hay otro obstáculo que las resistencias de quienes no quieren que haya cambios que les hagan bajar algún peldaño de donde ahora están. También la de todas las herramientas de las que se ha dotado el sistema para que no veamos otras recetas que las que no han funcionado, salvo para una minoría.

En Izquierda Unida reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la biodiversidad como elemento clave para la pervivencia de la especie humana y su bienestar en equilibrio con el resto de los seres vivos del planeta y de los ecosistemas que los cobijan. Creemos, por tanto, necesario dotar de la misma relevancia ambiental el cambio climático y la pérdida de biodi- versidad, dos problemas con un mismo origen y ambos trascendentales para el ser humano, siendo por tanto indispensables relacionar las políticas que se apliquen en ambos casos. La conservación de la biodiversidad debe estar ligada a acuerdos ambiciosos de reducción de gases de efecto invernadero, de eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, a favor de las energías renovables y la creación de fiscalidad internacional a favor de la naturaleza.

La pandemia de la COVID-19 y las anteriores nos demuestran que el bienestar de la población está estrechamente condicionado por la salud medioambiental y animal. Es conocido que la anterior pandemia de 2009 (virus H1N1) tuvo su origen en la zoonosis que se produjo en granjas del norte de México y sur de EE. UU., basadas en la sobreexplotación ganadera que provoca el hacinamiento y el maltrato de los animales, ya que reciben gran cantidad de antibióticos que bajan sus defensas y provocan peligrosos reservorios de virus y bacterias ultrarresistentes que en un momento dado pueden saltar a los humanos. Por lo tanto, desde Izquierda Unida propugnamos una ganadería ecológica que utilice técnicas ganaderas que excluyen el uso abusivo de antibióticos y productos químicos, con el objetivo de preservar el medio ambiente y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.

En este contexto, no hay que olvidar que Izquierda Unida tiene una deuda histórica, marcada por su origen y simbolismo obrero y de lucha de clases, con las ciudades y territorios afectados por la reconversión industrial, especialmente con las comarcas mineras, que hoy están abandonadas a su suerte en un proceso de “Transición Injusta”. Por ello, aprovechando nuestra participación en el Gobierno del Estado, tenemos la obligación de promover un Plan Integral para estos territorios, que sea capaz de diversificar la economía, generar dinámicas y estructuras de futuro y cree empleo real y de calidad.

Somos conscientes de que no se están abordando dichas causas en las políticas públicas al no existir acciones suficientes que cuestionen el actual modelo de producción y consumo. Por ello creemos que deben integrarse en el modelo las funciones y el valor de la biodiversidad, y difundirlos en una sociedad como la nuestra con una percepción limitada del valor de la naturaleza y de los procesos y servicios que generan.

La década del 2010 fue la más cálida de la historia desde que se tienen registros, por lo que el único camino posible es el que nos permita alcanzar la neutralidad climática en 2050. Limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, obliga a un cambio acelerado de nuestro modelo de producción y consumo, de manera que consigamos la descarbonización contenida en el Nuevo Pacto Verde de la Unión Europea. Y solo se podrá conseguir si apostamos decididamente por el cambio de modelo energético basado en energías renovables con generación distribuida, es decir, pequeñas centralitas e instalaciones en tejados y terrazas de edificios, favoreciendo el autoconsumo. El modelo que se está rigiendo es el de las macroplantas de fotovoltaicas y eólicas que perpetúa el actual modelo de oligopolio eléctrico, manteniendo así un sector estratégico en manos de unas pocas empresas multinacionales; un modelo que ni deja valor añadido ni crea empleo. Y además, repercute en un gran deterioro ecológico e imposibilita otras líneas de actuación más acordes con una economía ecológica, sostenible y respetuosa con nuestro entorno.

Apostamos por la defensa de la justicia climática, es decir, la vinculación de la defensa medioambiental y el ecologismo con la justicia social. Desde Izquierda Unida consideramos que son las grandes empresas, las más contaminantes, las que tienen que cargar con los costes de la defensa medioambiental, frente a quienes proponen que un capitalismo verde es posible y hacen recaer en el consumo privado la responsabilidad de la defensa del planeta. De la misma manera, apostamos por atajar y perseguir todas aquellas actividades más perjudiciales para la biodiversidad y, en general, para el medio ambiente. Es necesario, además, implementar recursos, tanto a nivel estatal como autonómico para impulsar las inversiones en conservación del patrimonio natural: Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, restauración de ecosistemas degradados, etc. Esta nueva fiscalidad ambiental no puede entrar en ningún caso en conflicto con el principio de progresividad fiscal. Apostamos por un Plan urgente de recuperación y en defensa de la biodiversidad, un verdadero revulsivo para la protección y la inversión en la recuperación de nuestra biodiversidad. Estos planes, asimismo, suponen una oportunidad para la creación de puestos de trabajo necesarios y útiles para la sociedad.

Construir una alternativa para superar el capitalismo

Una alternativa para superar el capitalismo exige una labor unitaria del conjunto de las organizaciones de la clase trabajadora y de los movimientos sociales. Por eso acordamos preparar un Encuentro Estatal por una transformación económica, social y ecológica, en el que participen sindicatos, colectivos ecologistas, empresas en lucha, entidades vecinales, estudiantiles, representantes de las propuestas “open source economy” y de la economía social. Sería el inicio de una labor constante para preparar una política económica alternativa, capaz de dar respuestas a las necesidades sociales y ecológicas. Es también una forma de dar continuidad al esfuerzo hecho con el Plan de reconstrucción Horizonte País, con el que debemos seguir trabajando.

Este Encuentro Estatal debe ser un punto de partida. El debate debe llevarse a las plantillas de las empresas, a los barrios, los centros de estudio, etc., propiciando la creación de Comisiones o Asambleas por la transformación económica, social y ecológica, o la fórmula que la práctica muestre como más viable. Miles de personas luchan contra las consecuencias de este sistema: en sus sindicatos de clase, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en las Asociaciones Vecinales, en los Colectivos Ecologistas, y un sin fin de organizaciones sociales. Pero, para tener éxito, necesitamos unirlas con un programa común de transformación social.

Ese es el camino para afrontar situaciones como la de Alcoa, que van a ser múltiples en los próximos tiempos. Se trata de que los propios trabajadores y trabajadoras, la inmensa mayoría de la población, nos preparemos para administrar democráticamente la economía. Porque la democracia debe entrar en la economía. De ahí surgirán las propuestas que hemos de defender en el Parlamento y en el Ejecutivo.

Las diferentes bloques de propuestas que Izquierda Unida propone debatir en ese encuentro giran en torno:

1. Que nadie se quede atrás. El primer objetivo de los medios de producción y de los recursos materiales debe ser garantizar a todo el mundo unas condiciones de vida digna. La reducción cuatro días semanales la jornada laboral y el total de horas, y sin reducción salarial, y propiciar el reparto del empleo. El aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 1.200 euros netos, y la derogación de la reforma laboral y de la contratación en precario; y defensa del sistema público de pensiones, revirtiendo las contrarreformas de los últimos 20 años y estableciendo unas pensiones suficientes para vivir. Para garantizar que nadie se queda atrás en este proceso, además de unas prestaciones por desempleo dignas, es necesaria una Renta Básica de Emergencia y la intervención de la vivienda para que nadie pueda ser desahuciado sin alternativa habitacional y que los alquileres no superen el 30% del ingreso medio, actuando sobre la vivienda vacía (3,5 millones) y creando un parque público equiparable al europeo.

2. Desarrollar el sector público y la economía social (sin lucro privado). No se puede dejar la solución del desempleo y la precariedad en manos de las grandes corporaciones y la “iniciativa privada”. Hay que desarrollar los sistemas públicos de sanidad, educación y cuidados, cuantificando personal y medios necesarios, y poniendo fin a la sangría de conciertos privados. Pero también el desarrollo de un sector público productivo, por ejemplo, en el terreno de la construcción y rehabilitación de viviendas o en las energías renovables. Eso es compatible con promover y desarrollar acuerdos con el sector de la economía social y las cooperativas, que sean empresas sin ánimo de lucro. Y con desarrollar acuerdos con la pequeña y mediana empresa, sobre la base del respeto a los derechos laborales, el medioambiente y un funcionamiento democrático.

3. Nacionalizar la banca y las grandes compañías energéticas. El ahorro de la sociedad debe gestionarse democráticamente, con criterios sociales y ecológicos, en lugar de ser un oligopolio privado. De hecho, la banca ya está totalmente respaldada por el Estado, por lo que debe ser un servicio público. Y lo mismo puede decirse de las compañías energéticas, buena parte de las cuáles eran públicas en el pasado, que se benefician de una necesidad básica como la energía. Una transición energética justa social y ecológicamente, sólo es posible si son empresas públicas y controladas democráticamente. Será necesario analizar que otras grandes corporaciones deberían ser públicas por su trascendencia económica, por ejemplo, de la distribución, que también son un oligopolio.

4. Democratizar la administración, las empresas públicas y las privadas. Necesitamos una Administración que funcione democráticamente, descentralizada y abierta a la participación ciudadana. Asimismo, las empresas juegan un papel vital en la sociedad y deben funcionar de forma democrática, teniendo siempre como prioridad dar un servicio útil a la sociedad, respetuoso con el medioambiente y con unas condiciones laborales dignas.

5. Plan económico alternativo. Hay que abordar la transformación del sector agrícola, ganadero y pesquero para garantizar la soberanía alimentaria, con productos de calidad, y de la sostenibilidad ecológica; la transformación de la industria, la construcción y los servicios, para garantizar que son capaces de atender las necesidades básicas de toda la población, relocalizando toda la producción posible y utilizando los recursos naturales disponibles. Y promoviendo la utilización y ocupación del espacio de forma extensiva y sostenible, con el objetivo de poner fin al fenómeno de la España abandonada. Hay que revisar el tipo de turismo que es viable ecológicamente y con empleo estable y bien pagado. También hay que cambiar la forma de movernos, basado en el transporte público y reduciendo las distancias entre lugares de trabajo y vivienda.

El plan debe desarrollar una propuesta global, pero también concretarse a nivel local. Las empresas en crisis deben ser el primer punto de partida de debates que aborden el desarrollo local, a fin de detener la destrucción de empleo y fuerzas productivas. Las empresas en crisis deberían ser intervenidas para buscar una salida con la plantilla y el conjunto de la población de las zonas afectadas, elaborando un plan de viabilidad social.

6. Alternativa a la deuda y reforma fiscal. Establecer un plan para reducir drásticamente la deuda, que cargue su coste sobre los que más se han beneficiado de ella. Los recursos públicos, incluidos los que puedan llegar de la Unión Europea, deben concentrarse en desarrollar el sector público social: sanidad, educación, cuidados (residencias, servicios sociales…) y la transformación económica esbozada en el punto.
Además, hay que proponer una reforma fiscal justa, que haga pagar a quienes más tienen, en primer lugar, que hagan posible disponer de los recursos que permitan la transición a un nuevo modo de producción.

7. Una propuesta internacional. La economía es una realidad internacional y por eso hay que hacer una propuesta internacional que sustituya la competencia por el máximo beneficio, por la cooperación entre los pueblos en beneficio mutuo. Empezando por una alternativa a la actual Unión Europea, cuyas instituciones sirven a las grandes corporaciones no a los pueblos del continente. Una propuesta que parta de un programa común de derechos básicos: salario mínimo internacional, limitación de la jornada laboral, derechos sociales y laborales, etcétera. Y un plan de desarrollo social, ecológico y democrático común. Propuestas que también deben trabajarse con los pueblos de América Latina y del resto de los continentes.

 

3. Mundo multipolar y desorden global tras la COVID-19

Tras la crisis económica mundial del capitalismo en 2008, de la que el planeta aún no se había recuperado, y en medio de una crisis ecológica también planetaria, la aparición en 2020 de la pandemia de la COVID-19 ha venido a poner aún más patas arriba al viejo orden económico y político internacional. Sus devastadores efectos están causando un inmenso drama humano y una crisis sanitaria y económica de consecuencias globales sin precedentes.

De esta manera, la crisis provocada por la extensión de la pandemia causada por la COVID-19 ha cuestionado los principios ideológicos del capitalismo, devaluado el poder de los EE. UU. y su capacidad de hegemonía sobre el resto del planeta. Ningún Estado mira hacia Washington como referente de las medidas a tomar para afrontar la emergencia pero, lo que es más novedoso, tampoco ha recurrido a los EE. UU. para pedir ayuda económica o sanitaria, como podía haber ocurrido en otros tiempos. Sin embargo, más de 80 países se han dirigido en este sentido a China, que sí está apareciendo ante los pueblos de los países desarrollados como un ejemplo para vencer la crisis médico sanitaria, sin olvidar que Italia ha pedido ayuda a Rusia y Cuba al margen de la Unión Europea, lo que genera una nueva dinámica en las relaciones internacionales que empieza a cuestionar el orden surgido tras el final de la llamada Guerra Fría.

El FMI, respecto a las perspectivas económicas para 2021, ha declarado que el sistema ha colapsado. Estamos en una recesión más grave que la de 2009 y para la que, de momento, no hay soluciones. La materialización de la vacuna en tiempo tan reducido ha sido posible gracias a las fuertes inversiones públicas, imprescindibles tanto a nivel económico como científico para hacerla posible. Además ha puesto en evidencia la relación parasitaria de la industria farmacéutica, que de nuevo ha aprovechado una crisis sanitaria sin precedentes para hacer negocio, mercadeando con las dosis y usando la prerrogativas de las patentes sobre un bien de primera necesidad. Las farmacéuticas están dificultando y retrasando la producción y distribución de las vacunas, lo que consideramos como un hecho realmente criminal a escala mundial, siendo necesario que los Estados y las organizaciones supranacionales tomen rápidamente cartas en el asunto para resolver esta situación. Los problemas en el proceso de vacunación también están ligados a los recortes realizados
en los últimos años, y esta situación se agrava en los países empobrecidos. Ante el reto planteado por la pandemia de la COVID-19, nunca ha sido más clara la necesidad de una mayor inversión de los Estados en ciencia y en sanidad pública y de una respuesta global coordinada de acuerdo a la magnitud de la crisis. Es necesario que las vacunas lleguen a todos los países, ya que la desigualdad en su distribución hará que los más ricos se vean amenazados por la recirculación del virus y sus posibles variantes, aumentando la xenofobia y la aporofobia. Sin embargo, el capitalismo, lejos de tomar medidas que enfrenten la crisis, continúa fiel a su inercia egoísta y prefiere ignorar la gravedad de la situación como si esta fuera a arreglarse sola.

El futuro de Europa

Desde nuestro planteamiento de que la Unión Europea no representa a toda Europa, tenemos que seguir defendiendo un modelo de integración europea que tenga una base horizontal, solidaria, democrática, socialmente avanzada y que se plantee integrar a todos los pueblos europeos. Los Estados centrales de Europa tenían la creencia de ser el centro económico y cultural del mundo. Tras la crisis de 2008 pensaron que la única manera de luchar contra la expansión industrial y económica asiática era devaluar la fuerza de trabajo europea, con lo que aplicaron nuevas medidas neoliberales.

En este marco, señalamos que la Unión Europea, instrumento creado para profundizar las políticas neoliberales que tienen como objetivo adelgazar los Estados hasta dejarlos en su mínima expresión, entre otros motivos para desregular el control económico, vive una crisis profunda especialmente desde la aprobación de las políticas de recortes en la crisis de 2008. La Unión Europea mantiene y asienta las asimetrías internas entre el centro económico y la periferia, y un modelo neoliberal profundamente injusto para las clases populares –especialmente para las mujeres y los jóvenes– y el planeta. La crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales han sido la puntilla para un modelo agotado pero que resiste violentamente ante posibles alternativas.

Para España, en lo concreto ha supuesto una acentuación de su rol de economía periférica, dada su debilidad estructural y un marco de competencia fiscal y laboral entre países cada vez mayor. No es una Unión solidaria, sino competitiva, cuya constante ha sido devaluar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Actualmente, la Unión Europea está en una crisis que se manifiesta en lo económico, pero también en lo político a través de fenómenos como el auge de la extrema derecha o el Brexit. Estos son, en buena medida, consecuencia directa de la aplicación de medidas de recorte de derechos, la imposición de gobiernos tecnócratas o de medidas antisociales, así como la asunción como propios de los discursos de la extrema derecha como, por ejemplo, en las cuestiones migratorias, fallando en la gestión de ayuda a los refugiados y vulnerando los derechos humanos.

Hemos sido críticos históricos con el modelo de construcción europea, especialmente a partir de 1992 con la aprobación del Tratado de Maastricht, desde una concepción europeísta y profundamente internacionalista. Nuestra prioridad es tejer alianzas y conseguir una relación de fuerzas que nos permita, en el ámbito europeo, construir un modelo compartido entre los pueblos de Europa y, de momento, avanzar en los cambios que beneficien a las clases populares como la exigencia de una política fiscal de redistribución de renta en la Unión Europea o una política migratoria respetuosa con el derecho humano a la migración y con la corresponsabilidad de todos los Estados en la gestión de un fenómeno provocado por un modelo de desarrollo dominante, el capitalista, que provoca guerras, conflictos por recursos naturales, cambio climático acentuado en el sur, etc.

En la actual coyuntura podemos afirmar que si de algo ha servido esta crisis ha sido para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, declarase solemnemente que ponía fin al Pacto de Estabilidad que tanto daño y sufrimiento ha insuflado a las clases populares europeas. Esto supone que los Estados miembro que lo necesiten pueden superar el déficit del 3% y así elevar el gasto público para combatir los efectos de la crisis del coronavirus. El reto ahora es su supresión definitiva y la consecución de políticas audaces de inversión pública y redistribución de la riqueza para el escenario de reconstrucción. Pero no debe quedarse ahí. Exigimos que el Banco Central Europeo deje de escudarse en una falsa independencia para ponerse al servicio de la ciudadanía. Los Estados lastrados por el desempleo deberían tener acceso directo a una financiación europea incondicional, suficiente y directa, sin innecesarios intermediarios financieros. Asimismo, se debe promover que el destino de estos fondos financie una transición ecosocial cuyos ejes sean el trabajo digno, el bienestar social, la sostenibilidad y los cuidados.

Además, la esencia de las instituciones europeas no cambia por la aplicación en la actualidad de políticas neokeynesianas. Bienvenidos sean los fondos de reconstrucción europeos, pero en ningún caso esto debe suponer la imposición de recortes vinculados a la devolución de la deuda pública porque no sería más que a público que hoy no se atreven a implantar.

Cabe señalar que esta crisis aparece en el marco de una transición geopolítica que ya había empezado a desplazar en gran medida el centro hacia el continente asiático. En ese contexto la Unión Europea, que representa el 7% población y 23% del PIB mundial, deberá afrontar el dilema sobre en qué lugar se quiere situar. Desde las fuerzas que defendemos unas relaciones internacionales y un desarrollo basado en el multilateralismo esto puede verse como una oportunidad de avanzar posiciones contrahegemónicas al ‘statu quo’, pero tampoco podemos olvidar que lo afrontamos desde una extraordinaria debilidad y con gran resonancia de los discursos insolidarios y autoritarios comandados por líderes como Bolsonaro, Viktor Orbán, Trump.

Por todo esto, desde Izquierda Unida entendemos que la Unión Europea no es una herramienta útil para los fines que perseguimos y, además, es irreformable en el sentido progresista. Por ello propugnamos la búsqueda de nuevas alianzas entre los pueblos europeos, mediterráneos y latinoamericanos basadas en la cooperación, el multilateralismo y el respeto. Además, la actual correlación de fuerzas en la Unión Europea es enormemente negativa para los intereses de la mayoría trabajadora. Atravesada por divisiones internas y sin un horizonte claro, la izquierda europea se encuentra en una situación de enorme debilidad y es residual en muchos países de la Unión. Sin embargo, somos una organización con un trabajo importante a sus espaldas en el marco europeo, y mantenemos relaciones con organizaciones muy diversas dentro de la izquierda. Esto, sumado a nuestra posición en el Gobierno estatal, nos da la posibilidad de ponernos a trabajar para darle la vuelta a esta situación. Tenemos la responsabilidad de generar referencialidad entre las diferentes organizaciones de la izquierda europea en torno a nuestra propia experiencia de unidad y nuestra posición en el gobierno, poniendo en valor la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, reforzando así los vínculos con otras organizaciones de izquierdas europeas. Esto es imprescindible para dar forma a nuestro proyecto alternativo a la Unión Europea y acumular fuerzas en toda Europa.

Por lo tanto, en nuestro horizonte de construir un nuevo proyecto de integración regional es imprescindible que en este momento nos centremos en el proceso de acumulación de fuerzas y reforcemos las alianzas con organizaciones sociales y políticas de Europa con las que compartimos este objetivo.

EE. UU. intenta volver a la Guerra Fría

La decadencia de los EE. UU., el fracaso de la Unión Europea y las disputas dentro de países capitalistas, de forma especial en los EE. UU., están provocando una situación de transición en el orden mundial con un declive del mundo unipolar surgido tras la caída del muro de Berlín y el avance de la globalización neoliberal, y la emergencia de un mundo multipolar.

De esta manera, el eje del Atlántico Norte que ha dominado el planeta no puede permitir que se constate que China ha respondido de mejor forma ante el coronavirus, y que el sistema político y económico chino está siendo más eficaz y solidario que el de EE. UU. y la Unión Europea para defender la seguridad de la ciudadanía.

La continuidad del autoritarismo neofascista Trump era muy peligrosa para la humanidad y, por tanto, de su salida del poder solo podemos alegrarnos. Celebramos su derrota, pero no la victoria de Biden, de quien por su omnipresencia en la política norteamericana de los últimos 45 años, no podemos esperar demasiado. Sí al menos plazar políticas de deterioro de lo las promesas de impulsar el multilateralismo, reincorporar a su país a los Acuerdos de París sobre el cambio climático y el regreso a la UNESCO y a la OMS para colaborar en la lucha contra la pandemia. Está por ver también si restablece las relaciones con Cuba que se habían logrado con Obama, como prometió, y si revisa la política de sanciones, como ha declarado, contra naciones y pueblos soberanos, incluida Siria, Venezuela, Nicaragua o Irán.

Sabemos que demócratas y republicanos son administradores del imperio, nada más, y como comandante en jefe de ese imperio, de Joe Biden no podemos esperar un viraje pacifista o democrático en su política exterior. Su costosa campaña electoral se vio impulsada por el financiamiento que le otorgaron las grandes corporaciones. Biden y Kamala Harris recibieron donaciones electorales de 90 multimillonarios estadounidenses, y para esos intereses trabajarán. No obviamos que como senador Biden impulsó el complejo militar-industrial y la estabilidad del sistema financiero durante la gran crisis del 2008. Con su voto en el Senado avaló las invasiones a Iraq y Afganistán, como vicepresidente avaló las operaciones militares en Libia y Siria, y apoyó los golpes militares contra Zelaya, Correa o Morales.

El anterior gobierno Trump, acosado por una gestión nefasta de la crisis sanitaria y cercado por movilizaciones sociales como las relacionadas con el movimiento ‘Black Lives Matter’ (las vidas de las personas negras importan), no se cansó de señalar a China como la potencia rival en auge que amenaza su hegemonía. Desde la OTAN y el Departamento de Estado de los EE. UU. se ha afirmado que estamos entrando en una nueva guerra fría, en una nueva etapa histórica dominada por dos grandes potencias que competirán por imponer sus modelos sociales antagónicos. Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN ha dicho recientemente que el ascenso de China representa una amenaza para la seguridad occidental, que altera el equilibrio global de poderes y que la OTAN es consciente de que es el segundo país del mundo que más gasta en defensa y no comparte nuestros valores. El crecimiento económico de China se ha convertido en una amenaza comercial para EE. UU., que también le ha declarado la guerra tecnológica. El proyecto estratégico de China, la Nueva Ruta de La Seda, basado en la construcción de acuerdos comerciales de mutuo interés y cooperación, ha ido sin embargo ganando simpatías y adeptos, firmando acuerdos comerciales con muchos países.

Respecto a Rusia, hace años que EE. UU. desarrolla en las fronteras orientales de Europa una estrategia envolvente de intromisión en muchos países con el objetivo de llegar a rodear a Rusia en su propia zona regional de influencia intentando llegar lo más cerca de sus fronteras estableciendo gobiernos afines a los intereses imperialistas y aliados de los EE. UU. donde el objetivo norteamericano es ampliar los socios de la OTAN y poder establecer lo más cerca de Rusia tropas de la OTAN. El despliegue militar de EE. UU. en el Este de Europa busca derrotar el proyecto estratégico ruso de recuperar aliados políticos en las antiguas repúblicas soviéticas. Por todo ello, tenemos que seguir defendiendo la salida de España de la OTAN y el desmantelamiento de sus bases militares en territorio español. Pese a este ataque por parte del imperialismo estadounidense, tenemos claro que Rusia no es un ejemplo para nosotros y nosotras ante la pérdida de derechos y conquistas sociales de la etapa soviética que se ha vivido en las últimas décadas.

Izquierda Unida ha mantenido siempre un compromiso inquebrantable con la paz y la cooperación internacional, conscientes de que las escaladas militaristas solo contribuyen al empobrecimiento de las mayorías populares en los distintos pueblos y el enriquecimiento de unas oligarquías vinculadas a la explotación de recursos y los lobbies armamentísticos. En ese sentido, nuestra organización, que nació al calor de las movilizaciones contra la entrada de España en la OTAN, rechaza el militarismo y la pertenencia a estructuras militares de carácter imperialista. Apostamos además por un planteamiento defensivo de carácter no ofensivo, centrado en el bienestar de nuestros pueblos, la redimensión del ejército en base a esas necesidades, y la racionalización y reducción del gasto militar.

Palestina, Sáhara, Siria y Yemen

En Izquierda Unida, como fuerza profundamente antiimperialista e internacionalista en el apoyo a la lucha de los pueblos, apostamos por un mundo multipolar y nos sumamos por ello a los trabajos de la Asamblea Internacional de los Pueblos que será importante en el futuro en la movilización mundial contra las guerras y el dominio de los pueblos que persigue el imperialismo.

Destacamos la lucha del pueblo saharaui por su libertad y autodeterminación, y reclamamos la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental en línea con las resoluciones de la ONU. España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui y la situación que vive, con un conflicto recientemente recrudecido ante la constante violencia de la ocupación marroquí. Por ello, tenemos la obligación de dar pasos para la resolución del conflicto a través de los foros correspondientes, también mediante la denuncia de los acuerdos comerciales ilegales que mantiene la Unión Europea con Marruecos, responsables del expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui.

La lucha del pueblo palestino por su autodeterminación y contra la ocupación israelí y su constante violación de los derechos humanos y el derecho internacional es un ejemplo para el mundo que apoyamos decididamente. Por ello, mostramos nuestra plena soli- daridad con la resistencia al sionismo en el conjunto del territorio, donde la población palestina vive bajo un régimen de apartheid. Reclamamos el reconocimiento del Estado palestino, el fin de la ocupación y el retorno de los refugiados y refugiadas palestinos. En ese sentido, trabajamos por el cumplimiento de la legalidad internacional en las diferen- tes campañas por los derechos del pueblo palestino, incluida la campaña de BDS (Boicot, desinversiones y sanciones) que, pese a los intentos de criminalizarla, es una campaña legítima y no violenta por la igualdad y la justicia.

Respecto a Siria, y una vez ha terminado la guerra de más de nueve años que ha destroza- do pero no derrotado a la soberanía de ese país, debemos apoyar su urgente reconstruc- ción y promover el restablecimiento y normalización de relaciones fraternales y diplomá- ticas con otros países del mundo, empezando por el nuestro. Rechazamos por ilegales e injustas las sanciones que EE. UU. ha aprobado contra Siria y apostamos por un diálogo intra-sirio sin injerencias. De la misma manera, destacamos la lucha del pueblo kurdo en el noreste de Siria que ha sufrido y combatido con éxito al fascismo de corte islamista que azota la región.

Yemen también es víctima de las agresiones de Arabia Saudí y sus aliados de Israel y EE. UU., entre otros, por el control total de la Península Arábiga y del acceso al Mar Rojo. Los países occidentales, incluyendo España, suministran armamento al régimen saudí, convirtiéndose así en cómplices de una espantosa matanza ignorada habitualmente por los principales medios de comunicación.

Irán

Finalmente, rechazamos la política intervencionista de EE. UU. en Irán, así como las sanciones contra este país, pues el bloqueo económico solo añade sufrimiento a la clase trabajadora que, en unas condiciones materiales precarias, tiene incluso más difícil plantar cara a un régimen dictatorial y teocrático. Reivindicamos el fin del bloqueo a Irán y la defensa fraternal del pueblo iraní en sus justas reivindicaciones por un Estado democrático, que acabe con la teocracia que ha asesinado y mandado al exilio a decenas de miles de personas de izquierdas, que ha violado los Derechos Humanos del pueblo iraní y que ha ejercido una política imperialista a nivel regional. Este Estado democrático debe ser construido sin injerencias extranjeras, porque el pueblo iraní tiene que construir su propio futuro.

América Latina: restauración conservadora, golpes de Estado y ‘lawfare’ (guerra jurídica)

Debemos situar la recuperación de la doctrina Monroe en el objetivo de los EE. UU. de regresar a una situación de guerra fría y e intentar recuperar el control de lo que siempre han considerado como su patio trasero, como paso indispensable para poder volcar todo su potencial en consolidar un bloque cerrado, colonizado económica y militarmente.

De esta manera, en América Latina el imperialismo de los EE. UU. y las oligarquías han vuelto a los golpes de Estado contra gobiernos populares de izquierda y al juego sucio antidemocrático contra dirigentes de izquierda. En los últimos años hemos asistido a golpes de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, Nicolás Maduro en Venezuela, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Roussef en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia. Unos han triunfado, otros afortunadamente no. Al mismo tiempo, el imperialismo está aplicando nuevas estrategias de criminalización contra estos líderes de izquierda combinando campañas de desprestigio a través de los grandes medios de comunicación neoliberales con montajes judiciales urdidos desde jueces cooptados para criminalizar y perseguir a estos dirigentes. Es la aplicación de la ‘lawfare’ o guerra judicial contra dirigentes honestos que pretende eliminar al oponente político, mantenerlo en la cárcel o en el exilio y acabar con sus proyectos políticos.

Las recientes victorias electorales del Movimiento al Socialismo (MAS) de Luis Arce en Bolivia y de la Revolución Ciudadana de Andrés Arauz en Ecuador en primera vuelta, unida a la victoria del PSUV en las decisivas elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela, son señales esperanzadoras de la lucha de la izquierda por la hegemonía en la región, y parecen señalar el inicio de un nuevo ciclo progresista en América Latina a pesar de los obstáculos que genera el auge de la extrema derecha en la región. Por ello, trabajaremos con nuestros compañeros y compañeras de las organizaciones de izquierdas y progresistas, así como con los movimientos populares, para luchar contra el fascismo también en América Latina.

Mantenemos nuestro firme compromiso con los gobiernos progresistas y apostamos por procesos electorales limpios en los países acosados por el imperialismo y la reacción interna. Igualmente, desde nuestro compromiso internacionalista reafirmamos nuestro compromiso con la lucha del conjunto de pueblos y movimientos sociales de América Latina que siguen haciendo frente desde la lucha y la resistencia a las políticas imperialistas de violencia y despojo, cuyo caso más extremo es Colombia con la muerte, desaparición y exilio de miles de sindicalistas y activistas sociales. Cabe mencionar explícitamente a Cuba y su revolución triunfante, que ha sobrevivido a otro presidente estadounidense y sigue avanzando y progresando en su construcción del socialismo.

África: el Sahel

En África, el Sahel es una zona de particular preocupación para Izquierda Unida. Ocupa la franja sur del desierto del Sahara y lo componen los siguientes países: Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Sudán y Eritrea y en él viven ciento cincuenta millones de personas, de las cuales 38 millones precisan ayuda humanitaria urgente. Todas ellas conviven a diario con la amenaza terrorista, con redes criminales que trafican con personas y la devastación que provoca el calentamiento global y la sequía.

En una situación de inestabilidad extrema, buena parte de la población ha abandonado sus casas, algunas de ellas reclutadas a la fuerza, y otras huyendo de la violencia o del hambre. Cerca de 50.000 personas han sido desplazadas de la región durante el 2020, 25.000 de ellas a consecuencia de la operación militar “Cólera de Boma”, en Chad.

La necesidad de una paz sostenible en la región es responsabilidad también de España como parte corresponsable de los problemas que sufren los países empobrecidos del Sahel. Se deben articular medidas enfocadas desde la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria, la seguridad de la población para que tenga la posibilidad de volver a sus casas y acompañar esto de medidas preventivas, poniendo el foco en proyectos sociales y educativos y en un desarrollo sostenible.

 

4. La crisis de régimen y nuestro p avanzando hacia la República

En la XI Asamblea Federal situamos la crisis de régimen del sistema surgido de la Transición como el eje central de la realidad política de nuestro país. Entendíamos que los principales consensos que articulaban su hegemonía se habían roto y esto nos obligaba a entender la excepcionalidad que, todavía en 2016, seguíamos viviendo.

La crisis económica de 2008 supuso un grave deterioro de las condiciones de vida de la mayoría social, no solo de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables sino de amplios sectores medios, hasta entonces integrados en el bloque de poder a través del consumo y la propiedad, especialmente la vivienda. Se rompió así el relato del ascensor social: por primera vez en décadas las generaciones jóvenes vivirán peor que sus padres. En cuanto a la cuestión de la juventud cabe una mención particular, pues desde entonces hasta hoy es un sector especialmente perjudicado. Son los principales destinatarios de la precariedad, siendo impulsados también a la emigración y sin proyecto vital, y siendo amenazados por un incierto futuro de las pensiones.

Uno de los datos más significativos de las consecuencias de la crisis fue la pérdida de población en España: entre 2010 y 2015 el saldo migratorio total (la diferencia entre las personas que salían respecto a las que entraban en el país) fue negativo. Esta nueva oleada migratoria, formada mayoritariamente por inmigrantes que habían obtenido la nacionalidad y regresaban a sus países (o marchaban a otros), personas trabajadoras, empleados públicos y profesionales cuyas perspectivas se habían visto truncadas a causa de los recortes, se atenuó en los años siguientes, pero nunca desapareció del todo, pues aumentó el número de ciudadanos españoles residentes en el exterior de poco más de un millón antes de la crisis a cerca de dos millones y medio en 2020.

Esta crisis posibilitó un proceso de cambio cultural que acabó encontrando su colofón en el movimiento 15-M (aunque las movilizaciones se empezaron a producir antes, tras el giro neoliberal del gobierno del PSOE), el mito fundacional de la nueva España posible que se abría paso mediante expresiones muy diversas, desde movilizaciones sociales con solidez ideológica-programática a protestas «antipolíticas» más primarias. Una nueva mayoría amplia, sin arraigo ideológico profundo pero con sensibilidad constituyente, se erigió como el sujeto político del cambio. En los años posteriores, 2012 y 2013, se produjo un auge de la movilización social sin parangón en las últimas décadas.

La traslación política-institucional del proceso de cambio, y tras un incipiente agotamiento de la movilización social, se produjo –en parte– en 2014 y 2015. El sistema político sustentado en el turnismo bipartidista saltó por los aires. No solo se trataba de una crisis de representación parlamentaria; esta estaba estrechamente ligada con la crisis de la organización territorial del Estado, del Estado de las Autonomías a la monarquía.

Hablamos de crisis de régimen porque se rompieron los principales consensos en torno a los cuales descansaba la hegemonía del bloque de poder: el económico-social, el cultural, el político-institucional y el territorial-estatal. Los primeros años de la crisis, esto es, hasta 2015, la crisis de régimen giró principalmente en torno a la cuestión económica-social y su respuesta democrática y popular, lo que ensanchó el campo de acción de la izquierda. No es casualidad, pues, que esta alcanzara sus mejores resultados históricos desde la II República en 2015 y 2016.

Sin embargo, en 2016 se produjo un «impasse» y un decaimiento posterior tras la acumulación del agotamiento de la movilización popular y la merma de las expectativas una vez frustrada la posibilidad de un cambio profundo y real. En 2017 la ruptura de la costura territorial en Cataluña supuso la consolidación de la cuestión territorial y nacional como eje central sobre el que giraría la crisis de régimen. Solo un año después, habiendo sido expulsado el Partido Popular del Gobierno tras una moción de censura exitosa, irrumpió Vox tras un laborioso trabajo social y cultural previo y con la ayuda de los poderes mediáticos y redes internacionales.

En 2019 Vox duplicó resultados entre el 28 de abril y el 10 de noviembre superando en la última convocatoria el 15% de los votos y los 50 escaños. Vox es una fuerza de ultraderecha, nacional-católica en lo social y neoliberal en lo económico, que emplea tácticas y discursos similares a los de la extrema derecha europea, pero sin ser idéntica al fenómeno europeo. Vox emergió como fuerza política de ámbito nacional vinculada
a la tensión territorial existente y a la reacción del nacionalismo español al proceso independentista en Cataluña, y no impulsada por el descontento social y económico de la clase trabajadora y los sectores populares frente a la crisis económica y la globalización (como la extrema derecha europea).

Vox mantiene un programa profundamente reaccionario, impulsado por el centralismo nacionalista, el odio a los inmigrantes, el discurso patriarcal y antifeminista y el autoritarismo. Su sujeto principal, además de los elementos nostálgicos del franquismo vinculados discursiva e ideológicamente, son las llamadas clases medias y los pequeños y medianos propietarios (autónomos con trabajadores y trabajadoras a cargo, propietarios agrarios e inmobiliarios y mediana burguesía). De la extrema derecha europea también le diferencia su profundo neoliberalismo económico, la inexistencia de un programa proteccionista respecto a la clase trabajadora y la ausencia de un discurso claro respecto a la Unión Europea. Esta posición aleja a VOX de suponer una alternativa real de disputa en el seno de la clase trabajadora. No obstante, las bases para una propuesta de extrema derecha al estilo europeo han sido sentadas con la irrupción de esta fuerza política, lo que explica las aún tímidas incursiones de VOX en el terreno del proteccionismo económico y la crítica a la Unión Europea. La extracción de clase de sus dirigentes dificulta un salto en ese sentido, pero abre la puerta a la aparición de corrientes dentro de la propia ultraderecha que pretendan emular la transición efectuada por sus referentes europeos.

La consolidación de la extrema derecha nos obliga a reforzar nuestra lucha antifascista por un país realmente democrático de manera transversal, de la calle a las instituciones pasando por el conjunto de nuestra acción política.

Desde entonces, los posicionamientos del escenario político están definidos por una polarización entre los bloques de izquierda y derecha Esta recomposición del escenario político se consolidó en 2019 tras el bloqueo que se tradujo en una repetición electoral provocada por el PSOE para debilitar el peso parlamentario de Unidas Podemos y, posteriormente, en la conformación del primer Gobierno de coalición de izquierdas desde la II República, tras el intento fallido de un gobierno ‘centrista’, la primera opción del PSOE.

El Gobierno de coalición, que debe seguir profundizando su agenda de avances, es expresión de una situación paradójica del conjunto de la izquierda. Esta cuota de poder institucional y gubernamental inédita se conquista en un momento de reflujo y ofensiva reaccionaria, esto es, en un momento en el que las derechas están liderando la lucha cultural y social desde posiciones, en demasiadas ocasiones, antidemocráticas, impregnadas de odio, racismo y machismo. Esta ofensiva se enmarca en la evolución y el desarrollo de la crisis de régimen, como decíamos, hacia la cuestión territorial, nacional y estatal.

Las reacciones y los ataques al Gobierno de coalición ponen de manifiesto que hoy la crisis de régimen es, principalmente, una crisis de Estado. Si en los primeros años de la crisis las principales batallas se libraban en el ámbito social, hoy se libran dentro del ámbito institucional-estatal. El aparato judicial ejerce, desde hace dos años, de vanguardia de la oposición, intentando llegar donde los partidos de las derechas no pueden llegar. Asimismo, asistimos desde hace años a una lucha entre los distintos aparatos y las distintas facciones del Estado. Este expresa la correlación de fuerzas dentro del bloque de poder y, al mismo tiempo, ejerce como organizador estratégico de los intereses de las distintas facciones que conforman dicho bloque.

La disgregación de las élites catalanas del bloque de poder, la oscilación del apoyo económico y mediático a unos partidos de la derecha u a otros dependiendo del momento o la lucha entre diferentes aparatos estatales son síntomas de las dificultades del Estado a la hora de unificar estratégicamente los intereses corporativos de las clases y facciones del bloque de poder. Pero la crisis de Estado no se expresa únicamente hacia dentro. A la crisis territorial-institucional, con manifestaciones diversas como la plurinacionalidad y la España abandonada y rural (interrelacionadas, pues en las naciones históricas también encontramos zonas despobladas y rurales) y el centralismo como eje de la crisis nacional española, se suma la crisis de una monarquía corrupta que es sinónimo de pasado.

La crisis de la monarquía borbónica, especialmente a raíz de los últimos escándalos de corrupción que salieron a la luz relacionados con Juan Carlos de Borbón, supuso un debilitamiento del régimen en un momento en el que sus principales fuerzas se recomponían (actualmente, dicho proceso de recomposición no ha terminado). Esto sigue obligando al PP, PSOE y Vox a hacer grandes esfuerzos para desvincular a Felipe de Borbón de las actividades ilícitas de Juan Carlos y trasladar, así, una imagen de renovación. Sin embargo, esto no será posible, pues estamos ante un problema de corrupción estructural que no afecta solo a personas individuales sino al conjunto de la institución.

En el actual momento político nos encontramos con dos modelos en disputa para dirigir la evolución y posible resolución de la crisis de régimen en la que nos hayamos inmersos desde hace ya más de una década. Por un lado, tenemos a un bloque reaccionario que, incapaz de sostenerse con el largo aliento del régimen de 78, trata de recomponerse para garantizar una salida en clave de ‘revolución pasiva’ que mantenga intactas las estructuras de poder de las élites dominantes, siendo esta apuesta, en clave reformista, la apuesta de una parte del PSOE. Las derechas, aunque fragmentadas en lo electoral, presentan un programa común que gira en torno a una salida autoritaria, neoliberal, recentralizadora y patriarcal, con un exacerbado nacionalismo español que envuelve y encubre su modelo económico, político, social y cultural.

Enfrente tenemos un bloque democrático en el que nos insertamos que trata de evitar el cierre autoritario de la crisis de régimen o un cierre en falso en clave reformista. Para ello, por un lado, es fundamental consolidar la dinámica de trabajo conjunto del bloque institucional que propició la moción de censura y que, dentro del escenario marcado por el pluralismo político, sea capaz –como primer paso– de materializar las medidas contenidas en el programa de Gobierno de coalición firmado por Unidas Podemos y el PSOE (frente a las férreas resistencias a la materialización de dicho acuerdo, también dentro del PSOE). Por otro lado, es fundamental el fortalecimiento de la movilización social y popular para impedir el cierre de la crisis de régimen por la derecha mediante la consolidación de una base social democrática. El nuevo ciclo de movilizaciones vino marcado, hasta la irrupción de la pandemia, por el surgimiento con fuerza del movimiento feminista o el de los pensionistas (debemos trabajar para paralizar cualquier intento por parte de los grupos financieros para hacerse con su gestión), así como la proliferación de una multitud de conflictos sectoriales estrechamente vinculados a las insuficiencias del modelo capitalista de nuestro país para garantizar unas condiciones de vida dignas a la población (como es el caso de la vivienda y el sindicato de inquilinos).

No es casualidad que las derechas hayan puesto en el punto de mira de sus campañas del odio a muchas de estas movilizaciones. Su agresividad con el movimiento feminista o su campaña de desinformación con respecto al derecho a la vivienda digna es buena muestra de ello, como ya lo fue desde el primer momento la beligerancia contra las movilizaciones por el derecho de autodeterminación en Cataluña. En este sentido, es necesario contraponer a la agenda de las derechas, que encubre las medidas neoliberales regresivas para el bienestar de las capas populares de nuestro país, otra agenda que se centre en el alivio de los problemas reales de la mayoría social, que ponga en el centro las luchas de la clase trabajadora organizada, del movimiento feminista y del movimiento ecologista, claves para entender los límites actuales del capitalismo. La crisis provocada por el coronavirus se ha mostrado especialmente útil para evidenciar esas contradicciones, pues ha puesto frente al espejo las profundas desigualdades sociales, económicas y de género en el marco de un modelo ecológicamente insostenible en términos globales.

En cualquier caso, debemos tener presente que nos encontramos en el inicio de una crisis económica mundial con devastadoras e imprevisibles consecuencias en lo social, que puede afectar especialmente en España por la debilidad de nuestro modelo económico y nuestra inserción dependiente en el capitalismo europeo. Es posible que los cambios sean profundos a todos los niveles (económicos, sociales, ideológicos, etc.) y no podemos permanecer ajenos a esa posibilidad. No puede ocurrirnos como en la crisis del 2008, donde creímos que no había que hacer revisión de los planteamientos vigentes, ni era necesario adoptar grandes cambios en nuestra forma de hacer política en todos los sentidos. Por lo tanto y teniendo en cuenta que estos son los principios que han de regir nuestra acción política, debemos reaccionar con agilidad, en un escenario tan complejo, de la forma más adecuada si la situación lo requiere, sin confundir táctica con estrategia.

Uno de los grandes retos de la izquierda transformadora que representamos es consolidar las posiciones institucionales a la vez que se fortalecen y amplían las alianzas políticas y sociales. Para ello, es imprescindible ampliar la base social y político-organizativa para combatir las ofensivas de las derechas y ser capaces de avanzar en la materialización de medidas capaces de subvertir el orden económico, político y social existente, manteniendo abierto el horizonte de ruptura democrática que nos dirija hacia un nuevo proyecto de país republicano.

Por lo tanto, es imprescindible que sepamos dirigir los esfuerzos en ambas direcciones y concretar bien los tiempos y los pasos a dar en cada uno de ellos. Sabemos que para hacer frente a la agenda reaccionaria y lograr que valores como la solidaridad, la justicia o la igualdad sean hegemónicos, condición imprescindible para cualquier cambio real, no nos podemos limitar a las posibilidades que nos otorga el marco institucional en la actual coyuntura. De lo contrario, si enmarcamos exclusivamente nuestros objetivos al ámbito institucional no conseguiremos la acumulación de fuerzas necesaria que requiere nuestra apuesta democrática de cambio. Somos conscientes de las contradicciones que esta situación nos puede generar, pero como movimiento social y político dichas tensiones son consustanciales a nuestra naturaleza y no deben paralizarnos.

Objetivos estratégicos del Gobierno de coalición

Partiendo de la reflexión anterior, planteamos cinco objetivos estratégicos que el Gobierno de coalición debe asumir como propios:

1. Poner en marcha políticas que mejoren las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

Tras una década perdida marcada por los retrocesos y la pérdida de derechos, el Gobierno de coalición debe consolidar una nueva etapa en la que demuestre que hay alternativa a las políticas neoliberales. La mejor manera de enfrentarse a la crispación de las derechas es revalorizar la política, y esto solo será posible si demostramos
que esta puede ponerse al servicio de quienes vienen cargando sobre sus espaldas con las consecuencias de la crisis a través de la defensa de los servicios públicos y la construcción de un nuevo tejido productivo. Una buena agenda legislativa nos permitirá ensanchar nuestro margen de maniobra política y estrechar alianzas imprescindibles para garantizar la estabilidad del Gobierno y el cumplimiento de su acuerdo programático.

2. Reforzar la batalla cultural que reconstruya el sentido común en una dirección democrática, popular y progresista.

No bastará solo con una buena gestión de gobierno desde criterios ‘objetivos’. Toda la acción de gobierno debe tener el objetivo transversal de avanzar culturalmente hacia posiciones democráticas y progresistas. El avance de la extrema derecha solo se puede entender a partir de la lucha cultural en el conjunto de la sociedad civil que posteriormente permitió su avance político-electoral. El Gobierno y sus instituciones nos ofrecen herramientas para ‘desintoxicar’ el ambiente –cargado de sentimientos negativos y valores reaccionarios– del que se aprovechan las derechas. La acción de gobierno no se medirá tanto en términos administrativos como en términos culturales: será exitoso si es capaz de redirigir el sentido común en una dirección progresista que acompañe la puesta en marcha de políticas transformadoras ambiciosas, por lo que los medios de comunicación públicos, colectivos y propios jugarán un papel fundamental. En este sentido, las políticas que mejoren la vida de las familias trabajadoras deben centrarse en lo común: mejorar servicios públicos y conquistar derechos colectivos.

3. Avanzar en la construcción de un nuevo país: una nueva idea de España y un nuevo proyecto de Estado.

Venimos analizando que la crisis de régimen viene marcada durante los últimos años por la primacía del eje territorial-nacional, primacía que es aprovechada por las derechas para avanzar desde posiciones nacionalistas. Frente a la idea reaccionaria de España, estrecha y homogeneizadora que imponen las derechas recogiendo el hilo azul de lo peor de nuestra historia, debemos ser capaces de desarrollar un proyecto integral de país. No existe una dicotomía entre la ‘cuestión social’ y la ‘cuestión nacional’, aunque tengamos dificultades históricas en la segunda. Debemos conseguir que una España diversa, plurinacional y democrática sea posible y deseable para la mayoría de la ciudadanía. Esta solo será posible si la acompañamos con la democratización del Estado modificando su ‘selectividad estratégica’, esto es, democratizando algunos de sus aparatos como el judicial, reformando la ley electoral o garantizando la igualdad real de la ciudadanía en todos los territorios.

4. Fortalecer el espacio conjunto de convergencia y las dinámicas de trabajo conjunto.

El Gobierno necesita una base político-organizativa sólida para poder resistir a los ataques de una oposición en posiciones ultras y las propias contradicciones inherentes a un reto de estas características. En la línea de los objetivos que nos marcamos más adelante como organización política, el cumplimiento del acuerdo de gobierno y, por consiguiente, la protección social de las familias trabajadoras, debe servir como acicate para la cohesión y la coordinación estratégica del espacio de Unidas Podemos y de las fuerzas que lo conformamos. En esta dirección, nuestra organización debe hacer valer su trabajo en el desarrollo de la puesta en marcha de políticas de izquierdas para que se visualice más nuestra participación en el Gobierno y el conjunto del espacio.

5. Construir alianzas sociales y articular sociedad civil.

Unidas Podemos consiguió resistir contra todo pronóstico un ritmo político y un ciclo electoral extremadamente complejo. No obstante, las bases sociales del espacio siguen siendo demasiado débiles. El Gobierno debe servir para estrechar alianzas sociales mediante la organización de espacios de socialización, tejido social y comunidad. La sociedad civil organizada debe ser el principal apoyo del Gobierno, luchando contra el avance reaccionario y, al mismo tiempo, el ‘corrector’ de su agenda, obligándolo a desarrollar políticas de izquierdas. Para ello, necesitamos construir contrapoderes con tiempos y dinámicas propias, ajenas a los ritmos siempre frenéticos del Gobierno y las instituciones. Estos contrapoderes, además, son la única garantía de la consolidación de los avances en materia cultural y, por consiguiente, de los avances legislativos que se materialicen a través de la acción institucional y de gobierno.

La evaluación de la acción de gobierno se realizará anualmente, al igual que se realiza la evaluación de los grupos parlamentarios y del trabajo de la dirección federal.

Necesitamos un escudo social real, completo y efectivo

La presión de las plataformas y movimientos sociales, unida a la de Unidas Podemos, ha llevado al Gobierno a tomar medidas en políticas sociales como el Ingreso Mínimo Vital o la suspensión de una parte de los desahucios, que han aliviado la situación de una parte de las personas afectadas, pero que quedan muy lejos de las acuciantes necesidades.

Dar una salida a la situación que vivimos exige medidas drásticas, o la desesperación se irá apoderando de un sector cada vez mayor de la sociedad. Por eso proponemos desarrollar una labor reivindicativa en torno a las siguientes propuestas:

Garantizar un Ingreso Mínimo. La demanda de una renta básica formulada por muchos colectivos como la PAH, el Sindicato de Inquilinos o el Plan de Choque Social, es imprescindible para enfrentar una situación social de extraordinaria gravedad. Es ineludible plantear una vía para que nadie se quede sin los recursos mínimos para vivir en condiciones dignas, para lo que proponemos abrir una discusión sobre las distintas vías que lo hagan posible.

Prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. Los desahucios sin alternativa habitacional son una grave vulneración de los Derechos Humanos que causan un enorme sufrimiento. De forma indefinida e incondicional, ninguna familia debería de sufrir un desahucio por motivos económicos sin que se garantice una alternativa habitacional.

Más vivienda de alquiler social. La vivienda debe de tener un coste adecuado a los ingresos de cada unidad familiar. Y esto se debe concretar en que las rentas no podrán superar el 30% de los ingresos (20% en el caso de ingresos inferiores al SMI).

Para ello proponemos la combinación de 3 acciones:

1. Hacer efectiva la expropiación de uso de las viviendas vacías en manos del sector financiero e inmobiliario, incluida la SAREB.

2. Creación de un programa estatal de movilización y captación de la vivienda vacía de particulares, mediante incentivos (gestión integral de la vivienda, garantía de rentas…).

3. Creación de un potente plan de inversiones para la promoción residencial —o rehabilitación de edificios públicos sin uso— para su inclusión en el parque público de vivienda de alquiler social.

Garantía real de suministro energético a todas las personas. El suministro de todos los servicios básicos (energía, agua y comunicaciones) debe ser considerado un servicio público y su interrupción por falta de recursos deben ser prohibidos de forma indefinida. Hay que poner fin al oligopolio energético, nacionalizándolo y democratizando su gestión.

Desarrollo del sector público y sus plantillas. Hay que derogar la tasa de reposición y hacer un plan de ampliación de las plantillas públicas en todos los servicios: sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, transporte, limpieza, construcción de vivienda pública y dotaciones, energías renovables y rehabilitación.

Fortalecer los derechos laborales. Derogando las leyes que han recortado derechos y toman- do medidas para establecer un SMI de 1.200 euros, reducir la jornada laboral sin disminución salarial y eliminar la contratación en precario restableciendo el principio de causalidad.

El proyecto republicano que España necesita

La XII Asamblea Federal lanza un mensaje nítido al conjunto de la sociedad española: Izquierda Unida reafirma y redobla su apuesta por la República, que no es solo una forma de Estado ni una propuesta de organización territorial, sino un proyecto integral de país asentado en última instancia en principios y valores populares y democráticos. Somos conscientes, como venimos analizando, de que el contexto político en el que afrontamos esta Asamblea es más complejo que el de hace cuatro años, pero eso no nos lleva a abandonar nuestros objetivos, sino a adaptarlos.

¿Cómo mantener, pues, nuestra apuesta de ruptura democrática en tiempos de reflujo? En Izquierda Unida debemos ser capaces de entender la situación paradójica de la izquierda anteriormente descrita como una fortaleza relativa: el poder institucional y gubernamental debe servir para reforzar la lucha social y cultural en aras de una reconstrucción del sentido común en términos democráticos y populares. Desde esta perspectiva, nuestra propuesta republicana es lo contrario a una propuesta maximalista o excéntrica: es una propuesta que conecta con el conjunto de reivindicaciones diversas y las eleva, unificándolas, en nuestro proyecto de país.

En Izquierda Unida ondeamos bien alta la bandera de la República desde nuestro nacimiento, también en los momentos más difíciles para ello, esto es, en los momentos de mayor éxito propagandístico de la monarquía, los partidos del régimen y los medios de comunicación. Sabemos que la monarquía carece de legitimidad, no solo como institución antidemocrática de origen sino por su trayectoria en la historia de España,
en última instancia como heredera del franquismo. Reivindicamos con orgullo el acervo republicano en el que se encuentran avances de valor incalculable en la historia de nuestro país, y por supuesto apoyamos el movimiento memorialista. Defendemos nuestra propuesta republicana, federal, plurinacional, cooperativa, laica, feminista y solidaria en todos los territorios del Estado, también como una seña de nuestra identidad política y propuesta central en los espacios de confluencia en los que participamos, así como en las instituciones y en el conjunto de la sociedad civil, contribuyendo a la formación de Asambleas Republicanas en todos los territorios donde sea posible.

La defensa de nuestro modelo de Estado republicano parte de la necesidad de dotarnos de un instrumento constitucional que ayude a resolver las contradicciones derivadas de una realidad plurinacional, multicultural y plurilingüe, de forma que se asuma lo diversificado de la composición del Estado, garantizando los reequilibrios territoriales y sociales, es decir un Estado que haga efectivos los principios de igualdad y justicia social. Un modelo que esté basado en la cooperación horizontal, tejiendo una red de solidaridad que permita la distribución del poder, superando la visión centralista.

La propuesta federal, plurinacional, cooperativa y solidaria debe basarse en la libre y voluntaria adhesión de los pueblos y naciones que decidan formar la nueva realidad federal. Un nuevo modelo de organización social imprescindible, sobre todo en estos momentos en los que vivimos una profunda crisis política, social y económica como consecuencia directa de las políticas neoliberales imperantes en toda Europa en las últimas décadas y agravada en España por la crisis de régimen en la que estamos instalados.

No enarbolamos la bandera republicana como un mero acto de reivindicación histórica, sino que conectamos el hilo histórico tricolor con las reivindicaciones actuales que giran en torno a los derechos sociales, la democracia real y una nueva ética cívica. Nuestra propuesta republicana se centra en las condiciones de vida de la ciudadanía porque la República sirve, entre otras cuestiones, para que las familias trabajadoras vivan más dignamente. Conectando con el conjunto de reivindicaciones, problemas y anhelos de la ciudadanía podemos conseguir que esta afirmación pase de un simple eslogan a un proyecto inteligible de país capaz de ofrecer certezas a la ciudadanía partiendo de la realidad concreta y mundana. La República debe ser un proyecto popular y de mayorías.

Debemos impulsar un nuevo sentido común republicano que siente los pilares sobre los que este proyecto se tendrá que levantar. Un proyecto republicano que ensanche la participación política en todos los rincones de las instituciones democráticas y cree nuevos espacios, también en la esfera económica: la democracia no puede acabar en las puertas de nuestros trabajos. Frente al caos individualista impuesto por élites, más democracia económica para estrechar nuestros lazos en comunidad, reconectar con el territorio, con las generaciones futuras y con una vida buena en común.

El proyecto republicano que defendemos pasa necesariamente por la articulación de la máxima unidad popular posible para conformar un bloque democrático capaz de liderar un nuevo proyecto de país, no como algo reducible a símbolos concretos, sino con vocación de constituirse en un proyecto hegemónico de radicalidad democrática y participación popular en oposición al modelo de gobierno de las élites reaccionarias que históricamente han dirigido el destino de nuestro país. En este sentido, nuestro proyecto republicano será la consolidación institucional, en última instancia, de un nuevo bloque histórico arraigado en amplias alianzas sociales, políticas, culturales y territoriales que, compartiendo las líneas centrales del proyecto de país y Estado, se dotan de una nueva institucionalidad.

Apostamos por una República Federal y Solidaria que parte del reconocimiento de la plurinacionalidad y el derecho a decidir y la necesidad de un reequilibrio económico, territorial y social. Hay un nexo que conecta a la España plurinacional y la España abandonada y rural: la necesidad de una efectiva descentralización. Apostamos por articular alianzas desde un punto de vista federal y descentralizador no solo como alternativa a la ruptura del marco de organización territorial, sino como necesidad a la hora de desarrollar un proyecto de país más justo, más democrático y más igualitario que no deje a nadie, ni a ningún territorio, detrás.

En este sentido, no podemos pasar por alto la situación dramática que vive la España abandonada y rural. El abandono de la mayor parte del territorio se ha convertido en un problema de Estado. Provoca un grave problema de desequilibrio socio-territorial, supone una desprotección efectiva de los territorios y sus bienes. Conforme los pueblos se vacían, su tejido social va quedando inerme y rendido a multitud de expolios, donde grandes empresas saquean los recursos de la zona en su propio beneficio deteriorando los medios naturales que las personas allí arraigadas han cuidado durante generaciones, con la falsa promesa de futuro para pequeñas zonas. Hay que tener en cuenta, además, factores endógenos, como el viejo caciquismo que, a través de una densa red clientelar, empobrece la dinámica y las condiciones de vida en muchos pueblos. Un medio rural despoblado es un medio desprotegido e ineficaz para custodiar el territorio.

En esta dirección, la pandemia ha revelado la importancia del sector primario en nuestro país y, especialmente, en la España abandonada y rural. Por esto, es esencial seguir apoyando y dignificando el trabajo en el sector primario y sus trabajadores y trabajadoras, poniendo en valor el trabajo de la agricultura, facilitar la apertura de nuevas oportunidades en estas zonas y otras, aumentar la superficie cultivada, dirigiéndonos a la autosubsistencia y rejuvenecer el sector, dando más oportunidades a la juventud para garantizar la renovación generacional del sector primario, regulación de los precios en origen y el apoyo a los pequeños agricultores. No obstante, el sector primario tiene un gran impacto sobre el medio ambiente que es necesario abordar a la mayor brevedad posible.

Por ello, en Izquierda Unida entendemos la necesidad, en el marco del nuevo país que defendemos, de poner en marcha una política vertebradora (con todos aquellos servicios públicos necesarios para mantener condiciones de vida digna) y de reactivación económica en las áreas rurales que sea combativa contra la despoblación y sus causas, pasando por un cambio de modelo productivo que solo podrá darse por la vía de la iniciativa pública, tanto de inversión directa como en I+D, para vertebrar el territorio, que ponga en valor tanto el Patrimonio Natural como el Cultural en todas sus variantes, al mismo tiempo que se explotan de manera sostenible sus recursos (hídricos, forestales, del subsuelo o la biodiversidad). Nuestro Mundo Rural debe ser un espacio fundamental para la transición ecológica, poniendo en valor los servicios ecosistémicos que proporciona e impidiendo que se convierta en el lugar que recibe las externalidades de un sistema insostenible.

Izquierda Unida somos una fuerza municipalista de este país. Aunque nuestra fuerza se encuentra en los barrios y en los pueblos, no somos municipalistas por estar en los municipios sino porque creemos en un modelo de país en el que el nivel más cercano de las instituciones debe tener un papel primordial. Los municipios y entidades locales menores, como entidades más cercanas a los vecinos y las vecinas, deben tener no solo un aumento de la financiación sino de la importancia de estos en la propia dinámica del Estado y en la vida política del país. Desde las instituciones de todos los niveles trabajaremos por mejorar la financiación de las administraciones locales y sus competencias. Igualmente, sabemos que los municipios y sus estructuras como la FEMP y otras autonómicas han de ser interlocutores continuos para los establecimientos de cualquier política que les atañen.

Apostamos por una República que defienda los derechos y mantenga viva la memoria de la comunidad en el exterior. España ha sido un país históricamente emigrante, pues las desigualdades y la precariedad (y no un “espíritu aventurero”), así como las persecuciones políticas del franquismo, han expulsado durante décadas a millones de familias trabajadoras a otros países, incidiendo especialmente en el vaciamiento de la España rural e interior. Muchas de ellas esperan la posibilidad de poder retornar algún día a su país y construirse un futuro vital y laboral. Por eso, defendemos una República que cree las condiciones materiales necesarias para que toda persona emigrada que lo desee pueda retornar en condiciones dignas.

La República será feminista o no será

La explosión del feminismo de los últimos años se articula desde un contexto de profunda crisis. La crisis multidimensional del 2008 vino acompañada de un espejismo sobre su resolución, como si fuera un bache a superar para volver a la “normalidad”. El feminismo resistió ese relato ayudando a contribuir con otras miradas posibles, evidenciando su capacidad de poner encima de la mesa otros debates que deconstruyen la idea de progreso, desarrollo y vuelta a la normalidad. Tanto el análisis global como la señalización a la vida cotidiana y la radicalidad de las propuestas hizo que el feminismo fuera una potencia movilizadora y subversiva, convirtiéndose en un grito global a lo largo y ancho del planeta, y ese grito en nuestro país ha sido alto y claro.

La crisis de sentido también ha dado lugar a posturas que niegan la desigualdad y la violencia contra las mujeres, ha puesto en cuestión el concepto de verdad y ha puesto de manifiesto el conservadurismo y las ideas de la extrema derecha en todas las capas de la sociedad. Estas respuestas caminan de la mano de una guerra cultural hacia el autoritarismo, reafirman los roles de género tradicionales y la familia nuclear, con el consiguiente impacto y el intento de retroceso sobre nuestros derechos y la naturalización de las desigualdades (derechos sexuales y reproductivos, violencias machistas y sexuales, distribución de los cuidados, etc.).

Ahora con la nueva crisis global que abre la pandemia tenemos nuevos retos encima de la mesa. Se ha puesto de nuevo en cuestión la idea de progreso, pero el espejismo se ha roto, llevándonos a una crisis de sentido que nos roba la idea de futuro. Esta incertidumbre aparece junto al debate sobre la igualdad: el cajón de sastre del feminismo que, por un lado, pone nombre a políticas ineficaces dentro del capitalismo y, por otro, se erige como utopía ambigua que necesita una resignificación. En este momento en el que ciertas vidas parece que no importan, vemos con más claridad que muchas de ellas no están contempladas en esta ‘igualdad’ ni tienen acceso a la protección y los derechos (trabajadoras domésticas, trabajadoras de la fresa, mujeres víctimas de prostitución y trata…). Una igualdad sin vidas desechables debe ser un eje que responda a la naturalización de la desigualdad y de la violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, construyendo un futuro anticapitalista y antipatriarcal.

En este gran momento de incertidumbre y de crisis de futuro, el sistema tiene una estrategia hacia la exclusión, la explotación de las más vulnerables y la normalización de la precariedad económica y vital. La reconfiguración de nuevas formas de empleo como el teletrabajo, nos encierra de nuevo en nuestras casas, con peores condiciones de trabajo y aumentando la carga sobre nosotras para reorganizar los hogares, más aisladas y con unos servicios públicos y sociales heridos de muerte. Esta precariedad vital de las mujeres no solo se manifiesta en condiciones laborales sino en la falta de derechos. La Ley de extranjería, la situación de las empleadas de hogar y cuidados o la lacra de la trata y la prostitución son puntos ciegos de la democracia representativa que nos hace ciudadanas de segunda y nos coloca sin recursos en el centro de la explotación y la desigualdad.

Las estrategias que vamos a poder desarrollar desde el feminismo en este nuevo contexto de pandemia van a depender de cómo analicemos la situación actual y nos situemos ante ella para responder. Es el momento de poner encima de la mesa esa alternativa totalizadora del feminismo que empuje –con el antirracismo y el ecologismo– a no desviar el problema de sus raíces y conseguir generar sinergias que potencien la unidad popular y describan esa alternativa en el presente y desde la realidad material.

Es el momento de concretar la potencia acumulada en los años anteriores, construyendo el camino de los cuidados y la reproducción de la vida no solo como una declaración de intenciones o una cuestión ética. El Horizonte del Sistema Estatal de Cuidados es una palanca que debe articularse como un eje político que identifique las grietas del sistema y que, desde una visión crítica, señale los caminos de protección y despliegue de lo público y lo común hacia el futuro de la sostenibilidad de la vida y el planeta.

Ante este proceso, los poderes económicos y políticos describen su alternativa desde el autoritarismo y la naturalización de la injusticia, desprotegiendo y desechando amplias capas de la sociedad más vulnerable, abocando a la exclusión a las mujeres que ocupan el centro de las contradicciones del capitalismo y el patriarcado.

Mientras, en el feminismo, los debates se enfocan desde la polarización y hacia la ruptura del sentido colectivo, girando las posturas unitarias hacia la identidad y tensionando el feminismo dificultando la continuidad de ese grito global. El debate que se está produciendo dentro del feminismo acerca del género asumido autónomamente por las personas y su reconocimiento legal, así como el combate contra la violencia de género, sus formas y manifestaciones, va a condicionar el desarrollo de importantes aspectos de las relaciones sociales. De ahí la necesidad de promover un debate sobre estos problemas, fundado en el respeto absoluto de la dignidad y libertad de las personas.

Las posturas y estrategias sectarias que congelan la potencia del feminismo no resolverán los retos que tenemos por delante. Desde la fuerza del ‘programa, programa, programa’ y la apuesta de la unidad popular, debemos luchar por la hegemonía a la vez que somos agentes de despolarización y marcar la vía de un feminismo de clase, trans inclusivo y abolicionista de la prostitución y de los vientres de alquiler. Queremos construir feminismo y no hacer el trabajo de ruptura que tan beneficioso es para el sistema capitalista y neoliberal, y para la extrema derecha.

Las políticas feministas no pueden seguir siendo papel mojado. Exigimos el cumplimiento, evaluación y aplicación real de los marcos legales nacionales e internacionales que amplían la lucha contra las violencias machistas.

5. Reforzar Izquierda Unida para fortalecer los espacios de convergencia

En la etapa anterior analizábamos los errores que entendíamos que habíamos realizado en el desarrollo de Izquierda Unida como movimiento político y social. Hacíamos un balance autocrítico de los últimos 30 años, pero destacábamos las fortalezas y los grandes aciertos que habíamos tenido. A raíz de ese análisis en los últimos cuatro años hemos introducido cambios importantes que han mejorado el carácter de Izquierda Unida como movimiento político y social y han permitido que la organización soporte un ciclo político convulso y que afrontábamos en unas condiciones no favorables.

Estos cambios organizativos se correspondían con unas tesis políticas que planteaban la necesidad de tener más capacidad de intervención en la sociedad, para no solo obtener más representación electoral sino para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Para ello entendíamos que el trabajo en espacios unitarios y en luchas concretas nos fortalecía como organización y nos permitía construir unidad popular desde lo concreto. En este trabajo era evidente que necesitábamos ser coherentes, hacer lo que decíamos o, si se prefiere, ser lo que decimos ser: clase y pueblo.

El trabajo realizado ha sido enorme y a continuación detallaremos elementos esenciales que hemos cambiado en nuestra organización. Sin embargo, no podemos obviar que debido al ciclo político la mayoría de nuestros esfuerzos se han volcado en lo electoral y en lo institucional y por lo tanto el trabajo en el conflicto social, la construcción de tejido social y de proyectos de vida en nuestra cotidianidad política son elementos a los que no hemos podido dedicar ni el tiempo ni los recursos suficientes. Ubicamos como prioridad política la necesidad de construir organización con el pueblo, una organización que se fortalezca en clave de movimiento político y social porque es útil en nuestros ámbitos de actuación, en los barrios, en los municipios, en las ciudades y en los centros de trabajo.

Una de las tareas de IU hoy en día, vinculada a su espíritu fundacional, es generar espacios de unidad para el conjunto de la izquierda, a los que aportar nuestro bagaje, nuestra experiencia y nuestras señas de identidad.

Lejos de discursos netamente identitarios, estamos llamados a dotar de fortaleza social y política al espacio de unidad popular y para lograrlo es necesario poner en valor nuestro bagaje, poner en valor a IU, el valor de su propuesta programática, de su capacidad organizativa y su cultura militante y con ello podremos desplegar toda su capacidad.

Esta apuesta requiere de mucho esfuerzo, generosidad y honestidad colectiva que asumimos, sin perder de vista que, en cualquier caso, lo que está en juego es construir un espacio amplio transformador, democrático y aglutinador, que sea útil para la clase trabajadora de nuestro país, que sea algo más que una coalición electoral y su traslación institucional.

Avances realizados en el anterior mandato hacia una IU más movimiento político-social

• Mejora de los mecanismos de participación democrática y transparencia: referéndums, revocatorios, primarias… Este trabajo ha asentado una cultura organizativa más sólida y más participativa, hemos generado nuevos derechos de la militancia que hoy en día forman parte de la cultura organizativa de Izquierda Unida. Podemos asegurar que el conjunto de la militancia ha podido decidir en los momentos más importantes, sin embargo, hemos de mejorar en el establecimiento de procesos de debate previos que nos permitan que los procesos de referéndum tengan un debate más amplio. Es obvio que los tiempos y las circunstancias no lo permitirán siempre, por lo que debemos acompasar mejor las diferentes dinámicas de los tiempos políticos.
• Austeridad económica en aras de una mayor independencia política y económica y una mayor optimización de los recursos. La reducción de la deuda, la contención del gasto, el establecimiento de un salario máximo, la transparencia económica y la rendición de cuentas nos han permitido mejorar la viabilidad política y económica de Izquierda Unida. Los próximos años deberemos conseguir reducir el gasto de recursos en el pago de deuda y volcar muchos más recursos en el trabajo político externo.
• Adecuación de los órganos para que respondan a las características de un movimiento político y social tanto en metodología, para que sea más participativa y eficaz a la hora de conjugar el análisis, debate y la acción, como en su composición, de manera que permita una mejor representatividad y coordinación entre los pilares que conforman el movimiento político y social (político, social y territorial). La experiencia nos demuestra que no tiene sentido tener tres órganos superpuestos y en algún caso, sobredimensionados, lo que nos debe llevar a tener órganos más especializados en sus tareas y mejor dimensionados. Este punto no lo hemos logrado completamente y por lo tanto será una de las cuestiones a mejorar en el próximo mandato con medidas concretas.
• Una organización más federal y con más participación de los partidos y organizaciones que la integran. Izquierda Unida hoy es más federal y más coherente, se han puesto en marcha los mecanismos para evitar incumplimientos de acuerdos federales o vulneraciones de los derechos de los afiliados y las afiliadas.
• Puesta en marcha de redes de activistas como espacios de participación, elaboración y acción colectiva y conexión con el ámbito activista de la sociedad civil. El ejemplo de la lucha sindical, de la lucha de las pensionistas, del movimiento feminista, del movimiento ecologista o por la sanidad pública y los servicios públicos han aportado durante el mandato anterior una experiencia muy valiosa y nos ha hecho crecer como organización en el conflicto. El trabajo realizado por las redes ha permitido conquistas sociales que se han concretado en mejoras en la vida de las familias trabajadoras.

Lógicamente, cualquier avance hacia cambios profundos en nuestra organización requiere tiempo a partir del desarrollo de nuevas dinámicas culturales y de trabajo. En estos últimos años se han producido algunas resistencias internas, pero el desarrollo de un movimiento político y social pasa necesariamente por la articulación de medidas de participación de la militancia y de nuestro entorno social. Proponemos seguir avanzando en el camino de la democracia participativa mejorando las medidas implementadas hasta ahora y articulando nuevas propuestas. Asimismo, nos comprometemos a reforzar decididamente la organización con el esfuerzo de las personas afiliadas, con formación, para mejorar la participación activa en los debates y en los procesos políticos.

Reforzar Izquierda Unida como movimiento político y social insertado en la sociedad civil

Si hemos analizado brevemente los aciertos del anterior mandato es precisamente para valorar si los cambios implementados nos han permitido generar una Izquierda Unida más movimiento político y social, más democrática y, por lo tanto, más fuerte y cohesionada. Gracias a ese trabajo hemos superado un tiempo extremadamente complicado y nos ubicamos con posibilidades de afrontar los retos políticos de nuestro país. Por lo tanto, cuando hablamos de reforzar Izquierda Unida no lo hacemos desde un planteamiento que se realice en clave interiorizada; el fortalecimiento se produce no solo por el trabajo organizativo, sino sobre todo porque nuestro trabajo político sea útil para nuestro pueblo y se reconozca a Izquierda Unida como una organización política útil con capacidad de mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

Ser útiles para nuestro pueblo y nuestra clase no es solo una cuestión institucional, debería ser sobre todo una cuestión social de intervención en nuestros ámbitos territoriales y sectoriales. Pongamos dos ejemplos. En primer lugar, las sedes. Izquierda Unida puede tener muchas sedes, pero si esas sedes no tienen actividad social (y no solo política en términos estrictos) no serán útiles para nuestro pueblo. Las y los representantes públicos de nuestro municipio no necesitan una sede para atender a los y las vecinas, sin embargo, si nuestras sedes son espacios útiles donde la juventud puede reunirse o estudiar, donde se puede ver un partido de fútbol o cualquier otra actividad lúdica, seremos útiles y nuestras sedes serán espacios populares de vida. Otro ejemplo más actual. Pensemos en quién consiguió que no se retrasase la edad de jubilación o se modificase la legislación de pensiones. ¿Acaso fue nuestra presencia en el parlamento? ¿O fueron las movilizaciones del movimiento de pensionistas las que crearon las condiciones para que no fuese posible tocar las jubilaciones? La acción institucional es fundamental, pero debe acompañarse con una lucha social que es imprescindible. Nuestro trabajo, desde nuestra mera presencia en barrios, pueblos y ciudades, debe estar enfocado a crear esa doble condición de posibilidad: institución y calle.

¿Qué Izquierda Unida?

• Una izquierda de clase orgullosa de su bagaje histórico y que, al mismo tiempo, se inserta dentro de un bloque político más amplio y diverso. Es necesario articular y desarrollar el trabajo externo fuera de la dinámica institucional, es necesario implementar propuestas concretas que hagan de las sedes lugares de referencia útiles para nuestra clase y nuestro pueblo. Otro elemento importante es el refuerzo de una formación teórica y práctica continua mediante planes de trabajo concretos.
• Una Izquierda Unida con orgullo de clase, somos una organización compuesta mayoritariamente por personas trabajadoras que sufren las consecuencias de la explotación capitalista. Debemos cuidar y favorecer la participación y representación de las personas trabajadoras en los diferentes sectores productivos facilitando espacios de trabajo sectoriales o de apoyo y seguimiento a conflictos concretos. El trabajo con los sindicatos de clase es igualmente prioritario, su papel es imprescindible para defender los derechos de la clase trabajadora y para construir conjuntamente una sociedad más justa. El reforzamiento del trabajo conjunto es imprescindible para reforzar los lazos entre las organizaciones de clase.
• Una izquierda que cuida a su gente, que se cuida. La afiliación a veces se entiende como un sacrificio abnegado por un mundo futuro que nunca llega, si no conseguimos que sea algo más no seremos capaces de generar espacios amables donde crear comunidad. La izquierda se debe caracterizar por construir en el día a día proyectos alternativos de vida frente al proyecto de muerte que ofrece el capitalismo. En vez de prometer un paraíso futuro debemos construir una nueva cotidianidad, un proyecto de vida entre todos y todas cada día: el bosquejo concreto y mundano de la nueva sociedad socialista a la que aspiramos. Una izquierda que cuida y escucha a sus militantes más experimentadas. En el próximo mandato pondremos en marcha programas de afiliación específicos para nuestras personas mayores, para las personas jóvenes y para el conjunto de la afiliación. Para ello crearemos una responsabilidad de afiliación, que aborde esta visión integral de la organización y la comunidad.
• Una izquierda que cuida a sus jóvenes, que genera métodos de inclusión hacia la juventud a la militancia, que crea un discurso en contra de la criminalización que sufre la juventud respecto a la crisis actual de la COVID-19, que es consciente de la precarización que sufre en su vida laboral, en la falta de acceso a la universidad para las personas en riesgo de exclusión. Una Izquierda Unida que pone facilidades a la hora de la militancia, entendiendo que las personas tenemos dificultades a la hora de compaginar estudios y trabajo. Una izquierda consciente de la necesidad de generar un proyecto de futuro, de plantear una alternativa para dar respuesta a los gravísimos problemas que nos vienen por delante (cambio climático, modelo económico, patriarcado, etc.). Una izquierda que apueste por los derechos sociales de la juventud, que facilite el acceso a la emancipación y de respuesta a los problemas materiales de los jóvenes.
• La creación de comunidad no solo la hacemos con nuestra afiliación, también la construimos con nuestro entorno social y con nuestra gente. Hasta ahora hemos avanzado en la figura del simpatizante, sin embargo, la actividad del simpatizante se limita a la participación en procesos de primarias o de referéndums. Debemos incrementar la participación de los simpatizantes, pensando que algún día podrán ser militantes de Izquierda Unida. La participación en redes de activistas que se centren en el trabajo sectorial debería ser una oportunidad para ampliar la participación de los simpatizantes. En ese sentido, en el próximo mandato potenciaremos la figura del simpatizante adscrito a las redes y áreas sin adscripción local, sin olvidar nunca la importancia de la afiliación y la necesidad de que los y las simpatizantes pasen a ser afiliadas.
• Una Izquierda Unida que conecte la acción institucional con la estrategia política del conjunto de la organización en todos los niveles. En el próximo mandato recuperaremos la comisión interparlamentaria anual donde la Colegiada Federal se reunirá con el conjunto de europarlamentarios, diputados nacionales, diputados autonómicos y alcaldías.
• Una izquierda con arraigo territorial y fortaleza municipal para insertarse en la cotidianidad de la clase trabajadora más allá de las estrecheces del institucionalismo. El refuerzo del trabajo de las Asambleas de base y el énfasis en el trabajo municipalista es uno de los retos del próximo mandato. Es por ello que el trabajo en las organizaciones locales debe reforzarse al máximo, pues es una de nuestras mayores fortalezas. Seguiremos enfatizando en el debate en las Asambleas de base, la búsqueda de propuestas, alternativas y síntesis superadora, este método nos permite el debate y la elaboración desde la realidad cercana, genera efectos multiplicadores internos y externos y promueve la unidad en torno a lo concreto. Pondremos en marcha elementos de coordinación del ámbito municipal y que permita vincular el conjunto de la actividad institucional con nuestra base territorial. Es importante atender las necesidades de los grupos institucionales y coordinar la acción política con las direcciones correspondientes, compartiendo recursos y analizando las necesidades de cada ámbito, para que no exista una desconexión ni de la institución con la organización ni al revés.La intervención en los municipios no debe ser exclusivamente institucional y la coordinación deberá enfatizar el conocimiento de buenas prácticas a nivel municipal para reforzar y ampliar nuestra fuerza municipal. El surgimiento de las confluencias municipales en 2015, que dieron lugar a los Ayuntamientos del cambio, conforman una experiencia política de primera magnitud que merece un estudio pormenorizado y un debate más profundo en el conjunto de nuestra organización. Proponemos tener ese debate antes de las próximas elecciones municipales para que permita, no sólo extraer conclusiones sino para aprender de la experiencia y abordar de la mejor forma posible la siguiente tarea: elaborar toda nuestra orientación política de cara a las elecciones municipales de 2023, bases programáticas, alianzas y métodos democráticos.
• Una izquierda centrada en la articulación de sociedad civil, en la organización de los conflictos sociales y en la creación de espacios de socialización, que se sirve de las redes para conectar con los universos activistas y sindicales. En los próximos años desarrollaremos las redes de activistas como el pilar social de la organización y la conexión con los conflictos. Para ello es necesario que se configuren como instrumentos flexibles de participación plural, elaboración, acción colectiva y formación con implantación en la base. Para ello es necesaria la dotación de recursos y la planificación de trabajo de las redes. Organizaremos un encuentro anual de las redes de activistas que nos permitan compartir las experiencias y poner en marcha nuevas iniciativas será un objetivo concreto de la dirección. El encuentro será operativo si el objetivo es avanzar en trabajo conjunto y no solo exponer las diferentes propuestas sobre las que trabajamos. Partir de las necesidades sociales y generar una propuesta que integre todas las perspectivas. En dicho encuentro se deberían definir las propuestas prioritarias de movilización social y crear redes temporales para desarrollarla, coordinarla e impulsarla.Hace dos años en la ‘Asamblea por un nuevo modelo organizativo’ afrontamos el debate de las redes y las áreas. Fue un debate rico y extenso que nos permitió aclarar conceptos y apostar con claridad por las redes de activistas como grupos de trabajo y espacios de articulación del conflicto y de la movilización social que superan la elaboración colectiva y el trabajo con la institución. Esa apuesta no niega el enorme trabajo que han desarrollado las áreas de elaboración colectiva en la historia de nuestra organización, sin embargo, aprobamos que la convivencia de ambas estructuras sería temporal. Recordemos el preámbulo del reglamento de las redes y de las áreas: “Tras aprobar en la XI asamblea Federal la creación de las redes de activistas, es imprescindible que nos dotemos de un proceso de transición que nos permita diseñar una sola estructura que integre las dos patas de trabajo –elaboración política y activismo–. Asimismo con la voluntad de que el MPS no tenga una estructura complicada, con duplicidad de competencias deberemos esforzarnos para que en este proceso de transición las redes sean espacios que integren todo el capital humano y las relaciones tejidas con los MMSS que han ido creando las áreas en los distintos frentes externos, de tal manera que al concluir este proceso de transición tengamos un espacio de trabajo inclusivo y útil para el objetivo de reforzar la IU MPS”. Creemos que es necesario fijar un tiempo para finalizar la duplicidad de estas estructuras, por lo tanto planteamos que la primera Asamblea de Activistas que se celebre apruebe un calendario concreto.Para desarrollar este trabajo de las redes necesitamos más coordinación, transparencia y participación con las áreas/redes. Durante la pandemia, el trabajo de las áreas y redes ha puesto de manifiesto la gran capacidad de aportar propuestas y mejoras al escudo de protección social para la clase trabajadora. Siguiendo ese espíritu de colaboración y elaboración colectiva creemos que es fundamental volver a mapear nuestra presencia política en los diferentes niveles (Unidas Podemos, Parlamento, Ministerios, Europa…) y tratar de aterrizar una metodología de trabajo clara, ágil y flexible que permita desarrollar propuestas participadas, mejorar la transparencia en la toma de decisiones y facilitar información en los diferentes espacios políticos. Por otra parte, desde su puesta en marcha, su crecimiento y consolidación han sido muy importantes. Esta situación requiere de la mejora de la coordinación entre redes de forma más estable. Es por ello que en el primer encuentro de activistas se analizará este aspecto y mientras tanto se potenciará la coordinación entre redes.

  Para materializar las propuestas de Izquierda Unida en iniciativas legislativas necesitamos tener reuniones periódicas y mecanismos de trabajo donde las áreas/redes estemos presentes en los procesos legislativos y parlamentarios. En resumen, debemos dotarnos de tiempos y espacios para generar sinergias entre las redes y el ámbito institucional para:

  • Recibir información clara y concisa (argumentarios, resúmenes) borradores de leyes/ estrategias/planes y campañas desde los distintos ámbitos institucionales para poder hacer aportaciones más fácilmente.
  • Identificar los temas que generan dudas o contradicciones para generar un espacio colectivo de toma de posiciones y consensos.
  • Tener mecanismos de trabajo establecidos con todas las patas de Izquierda Unida (incluidas las áreas/redes) para evitar la descoordinación y el desconocimiento de nuestro trabajo y potenciar la elaboración colectiva.
  • Desarrollar mecanismos de coordinación y trabajo en temas que sean transversales a distintas áreas para llevar los consensos y la visión global de Izquierda Unida al trabajo institucional.
• Una Izquierda Unida que, desde un férreo compromiso con la creación de dinámicas de trabajo democráticas y fraternas no renuncia a su vocación hegemónica y de transformación social dentro del espacio de la izquierda transformadora.
• Una Izquierda Unida con una apuesta por el internacionalismo, no como declaración, sino como práctica política diaria. La división internacional del trabajo, la erosión de las democracias liberales-representativas, el camino hacia el autoritarismo y la estrategia de desechar a los países y clases más vulnerables, es una lucha global que articula nuestro proyecto de país hacia la redefinición del sistema mundo. Para ello no solo contamos con la responsabilidad de Internacional dentro de nuestra organización, sino que hemos apostado por una federación de Izquierda Unida en el Exterior, en la que su militancia tiene en muchas ocasiones dobles afiliaciones con nuestros partidos hermanos en Europa y otros territorios. Esta militancia hace de puente entre organizaciones de países diversos y nos ayudan a tejer una red de solidaridad y cooperación entre las organizaciones de izquierdas.
• Una Izquierda Unida que asienta el modelo federal. Fomentaremos el intercambio de experiencias y la puesta en común de los diferentes retos que tiene que enfrentar cada territorio a la hora de aplicar las políticas acordadas en el ámbito federal. Se seguirá potenciando la coordinación a través de las reuniones de Coordinadores y Coordinadoras de Federación y se mantendrá el trabajo periódico de la Comisión de Organización y Finanzas. En este sentido se reforzará la coordinación y comunicación con las Federaciones en el resto de responsabilidades, priorizando las que tengan repercusión externa.
• Una izquierda volcada en el trabajo externo, una Izquierda Unida que elabore colectivamente y actúe en la realidad concreta para transformarla. En el anterior mandato planteamos la necesidad de adecuar los órganos pero, como ya hemos valorado, no lo conseguimos completamente y se reprodujeron dinámicas similares a las de anteriores mandatos. Haremos efectiva la propuesta de limitar los órganos a dos niveles. En este sentido se simplificará el funcionamiento de la organización, en todos los niveles solo habrá dos órganos, la colegiada y la coordinadora. Este órgano debe corresponder a las características de un MPS tanto en metodología como en su composición, las Asambleas Político y Sociales serán asambleas de rendición de cuentas y de elaboración de propuestas, donde se deberá ampliar la participación de redes y áreas e incluso de movimientos sociales y sindicales que quieran participar. La Asamblea Político y Social no será un órgano “regular” de Izquierda Unida sino de participación y trabajo, que ayude al desarrollo del carácter de MPS de Izquierda Unida, tendrá una composición en base a la representación de los tres pilares que conforman el MPS, se dotará de un reglamento propio y una Mesa Permanente que coordinará sus trabajos y asegurará trasladar sus conclusiones a los órganos regulares de la organización.
• Una izquierda más flexible y receptiva a las diversas sensibilidades e inquietudes del conjunto del espacio progresista. La participación de los partidos, el respeto de la federalidad y de la pluralidad, el trabajo en redes de activistas y el principio de democracia participativa, que desarrolla el principio de que el poder reside en la afiliación, son las características que hacen de Izquierda Unida un movimiento político y social que aúna la lo mejor de las tradiciones políticas organizativas: la pluralidad ideológica de las coaliciones, la eficacia de las estructuras de partido y la horizontalidad y participación de los movimientos populares.
• Una izquierda más rejuvenecida, más feminizada y feminista, y con una mayor diversidad de perfiles socioculturales y territoriales. Es imprescindible la incorporación de personas jóvenes, de personas migrantes y de mujeres a todos los niveles. El conocimiento de las realidades que viven estos colectivos es necesario para acercar nuestro mensaje y adaptar nuestros medios para todos ellos.
• Una Izquierda Unida más ecologizada y ecologista, más comprometida y respetuosa con el planeta, así como con las formas de vida que en él habitan, que tenga asumida que su proyecto de transformación social pasa obligatoriamente por el respeto a la vida.
• Una Izquierda Unida feminista. Nuestra organización ha avanzado, en el último periodo, en implementar herramientas feministas para la organización. Aún así, sigue pendiente de poner en marcha de la anterior asamblea el protocolo de acoso sexual, la comisión federal de cuidados y el observatorio feminista. Es necesario seguir desarrollando estas herramientas para avanzar hacia una organización feminista.
• Una Izquierda Unida que apuesta por la recuperación y la conservación de la memoria democrática como un eje fundamental de su política, no solo como una cuestión de justicia con quienes lucharon por la libertad sino como un elemento que aporte a las generaciones presentes y futuras elementos fundamentales para construir su identidad colectiva y un futuro emancipador.
• Una Izquierda Unida diversa, que avance con las nuevas realidades y recoja las demandas sociales en lo referente a las libertades individuales. Para lo cual, reforzaremos la formación y la sensibilización de nuestras bases, estructura orgánica y representantes políticos en la lucha por la consecución de los derechos y el reconocimiento de las personas y colectivos LGTBIQA+. Igualmente se apoyarán, fomentarán y desarrollarán aquellas normativas y leyes encaminadas a la regulación y reconocimiento efectivo de los derechos de las personas, sea cual sea su orientación sexoafectiva, expresión o identidad de género. Ante la situación política actual dejamos claro que nuestra organización defiende la autodeterminación de género, de la despatologizacion total de las personas trans, NB e intersexuales, así como de una ley integral LGTBIQA+, una ley Trans estatal y la adaptación de toda la legislación a la realidad de las orientaciones sexuales y de las identidades y expresiones de género.

Fortalecer los espacios conjuntos de convergencia

De la coalición electoral a la unidad popular. Después de cuatro años de trabajo unitario en todos los niveles, desde la calle a las instituciones, el balance no es, en líneas generales, positivo. Es cierto que se ha construido una coalición estable pero no se ha asentado una base popular y territorial que sostenga la coalición. Es evidente que construir Unidad Popular es un proceso mucho más profundo que garantizar la estabilidad de Unidas Podemos, pero es obvio que Unidas Podemos es hoy en día la única base que tenemos.

Con organización en las luchas y con acuerdos sobre programas transformadores con la gente, la Unidad Popular tendrá raíces fuertes y se concretará con facilidad y naturalidad en pactos y alianzas ante las diferentes convocatorias electorales.

Izquierda Unida ha sido y es partícipe de experiencias locales o territoriales de confluencia en diversos territorios, cuyo desarrollo ha sido muy diverso, tanto en lo relativo a su éxito electoral como, sobre todo, a su funcionamiento organizativo. Desde 2015 muchas de las confluencias municipales que consiguieron vuelcos en los Ayuntamientos más importantes han desaparecido, a pesar de los esfuerzos de Izquierda Unida por consolidar estos espacios e incluso para evitar divisiones; en otros, los menos, hemos mantenido espacios unitarios donde hemos logrado sumar a personas de otras formaciones o sin afiliación. En las Comunidades Autónomas donde existe una izquierda nacionalista se ha mantenido el conflicto nacional muy por encima de la contradicción de clase.

Desde Izquierda Unida promovemos la consolidación y democratización del espacio de Unidas Podemos, en lo que de ella depende y más allá, tratando de aglutinar un bloque de la izquierda transformadora que una a organizaciones políticas, sociales y sindicales que aspiren a un cambio social. Esto no es incompatible con el fortalecimiento de nuestra organización, mediante la defensa pública de nuestras alternativas en los diferentes terrenos, por la reducción de la jornada laboral, contra los desahucios, la defensa de una sociedad feminista, la defensa de las pensiones públicas, etc. Unidad no es uniformidad. Una Izquierda Unida más fuerte es la mejor garantía para un movimiento unitario más fuerte.

Por lo tanto, es imprescindible que desde el conocimiento de la realidad actual, Izquierda Unida siga apostando por los procesos unitarios populares, y a la vez proponga al conjunto de los actores que componen Unidas Podemos unas medidas que permitan democratizar el espacio para hacerlo más sólido empezando por priorizar que haya una coordinación interna similar a la de una coalición, con funcionamiento realmente democrático, para después plantearnos la posibilidad de espacios más extensos de participación. Para ello, proponemos medidas concretas que puedan orientar la estrategia del conjunto de la organización a todos los niveles durante el próximo mandato:

• Apuesta por un espacio conjunto que crezca y no se reduzca. Uno de los objetivos del espacio unitario debe ser su búsqueda permanente de ampliarse y fortalecerse con otras organizaciones y, fundamentalmente, mediante la incorporación de colectivos
  y personas no organizadas. Izquierda Unida aporta desde su coherencia y ejemplo la necesidad de ampliar el espacio actual de Unidas Podemos y profundizar la unidad para que esta no solo sea electoral. Es necesario que se antepongan los intereses del pueblo a las dinámicas identitarias de las organizaciones políticas.
• Por un espacio conjunto con mayor fortaleza organizativa. Mecanismos efectivos de participación democrática, deliberación y toma de decisiones. A la hora de adoptar acuerdos deben regirse preferentemente por medio del consenso, primándose la síntesis y el diálogo y dotándose de mecanismos democráticos para resolver cuestiones en las que no se pueda alcanzar el consenso. Los mecanismos de coordinación deben respetar la autonomía de todas las partes integrantes.
• La puesta en marcha de coordinaciones entre organizaciones a todos los niveles es imprescindible, al igual que la posibilidad de articular debates o consultas para la toma de decisiones importantes. Trabajaremos la articulación de normas que ayuden a regular la convivencia política, la actividad institucional y la cooperación entre organizaciones:
  • El desarrollo de estos espacios de coordinación debe ser tan amplio como sea posible pero flexible en su desarrollo, adaptándose a la realidad política y a los actores existentes y con una cobertura de mecanismos de mediación y solución de conflictos integrada y normalizada dentro de las estructuras.El objetivo no es alcanzar necesariamente una unidad orgánica y/o electoral con to- dos los actores. Lo primordial es ser capaces de encontrar unos mínimos comunes para generar una agenda política propia y conjunta. Que se perciba por la ciudada- nía que hay un espacio diverso con un discurso y unas prioridades compartidas.
  • Se buscará que la portavocía y referencialidad sean colegiadas.
  • Organizar y coordinar bien y de forma abierta esta forma de funcionamiento debe asegurar la unidad de acción entorno a las propuestas políticas acordadas, así como el derecho de cada formación para mantener posiciones propias en el resto de cuestiones, de manera que ninguno de quienes conformemos la confluencia tengamos que renunciar a plantear públicamente propuestas e iniciativas que define nuestro perfil político.
• Por un espacio conjunto con mayor implantación territorial. Trabajo codo a codo desde la base: barrios, municipios, ciudades y federaciones y espacios sectoriales de lucha. Estos espacios deberían tener un carácter más flexible, tener como prioridad el trabajo conjunto por la base.
• Por un espacio conjunto con mayor vinculación con la sociedad civil. Conexión de los recursos institucionales con el trabajo en la calle, en los conflictos y con el activismo.En los distintos niveles territoriales se establecerán asambleas abiertas (teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia se facilitarán los medios adecuados para celebrar las reuniones mientras sea necesario) en las que de forma periódica se rinda cuenta de la acción institucional de los cargos públicos y gobiernos del movimiento político y social siempre abiertos a la participación del pueblo. Estas asambleas deben servir, también, para poner las bases que permitan generar la confianza necesaria para alcanzar procedimientos consensuados mucho antes y más allá de los meros acuerdos preelectorales de última hora. Procesos abiertos a lo que se llamaron las “fuerzas
  del cambio” y al conjunto del activismo y la ciudadanía transformadora, que deberán empezar por la creación de la cultura democrática compartida de confluencia. Procesos que hoy podemos no saber bien cómo empezarán, o siquiera si habremos de ser en ellos agentes convocantes, dinamizadores o acompañantes, pero para los que Izquierda Unida debe estar abierta, dispuesta y preparada.Se establecerán espacios que permitan el desarrollo y actualización de los elementos programáticos.
• Nuestro objetivo debe ser que la base social del espacio esté compuesta no solo por los militantes y simpatizantes del entorno político del bloque de Unidas Podemos, sino también de otros sujetos a la izquierda del PSOE así como de aquellos movimientos nacionalistas de izquierda con interés en la democratización del Estado y el avance de los derechos sociales. Esta base social se ampliaría también con aquellas personas militantes o afiliadas a los sindicatos de clase, asociaciones vecinales, feministas, de jóvenes, organizaciones en defensa de los consumidores, del medio ambiente, colectivos de migrantes, plataformas con objetivos concretos, etc., además de estas mismas organizaciones como tales.El objetivo estratégico es construir movimiento popular, mediante el reforzamiento y ensanchamiento del bloque contra hegemónico heredado de la década anterior a través del reagrupamiento y la organización de los sectores mencionados anteriormente mediante la agitación, la comunicación y la movilización de estos en relación con campañas vinculadas a objetivos concretos. Estos objetivos concretos han de ser coherentes con la mejora de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora y capas populares (explotación laboral, pensiones, suministros básicos, servicios públicos, etc.), así como con la recuperación de los derechos civiles y políticos (derogación de las leyes mordaza, reforma penal, muerte digna, antirracismo, memoria histórica, política migratoria y de asilo, derechos LGTBI, lucha contra el maltrato animal, etc…).

Estos son algunos de los elementos que planteamos para fortalecer los espacios conjuntos de convergencia actuales como base política de una unidad popular con arraigo en la sociedad civil, tal y como ya señalábamos en la XI Asamblea Federal. Reafirmamos nuestra propuesta y la adecuamos a una nueva realidad política que, no obstante, sigue haciendo del fortalecimiento de la convergencia y la unidad popular una propuesta imprescindible de carácter estratégico.