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«Los golpes blandos en América Latina: el caso Jorge Glas», artículo de Manu Pineda

Artículo publicado originalmente en Público el 26 de junio de 2019

En la izquierda europea hemos recibido con preocupación las informaciones sobre la grave situación carcelaria del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas. Este caso, como otros que se están viviendo en Latinoamérica, representa un claro ejemplo de cómo, a través de acciones judiciales arbitrarias, se imponen cambios de gobierno o, como en el caso de Ecuador, giros de 180 grados en su política económica y de alianzas regionales.

Es lo que se conoce como lawfare y consiste en la eliminación de los rivales políticos o disidentes incómodos mediante falsas acusaciones avaladas con delaciones premiadas de empresarios corruptos. Esta práctica judicial permite encarcelar a representantes electos sin más pruebas que las declaraciones interesadas de esos empresarios, normalmente dirigidas por fiscales bajo presión política.  Esta estrategia ha venido a sustituir el clásico golpe de estado cívico-militar tan común en la región desde mediados del siglo XX.

Ecuador, que hace unos años era un ejemplo de modernización, justicia social y equidad emergente, vive hoy momentos dramáticos bajo el mandato de Lenin Moreno.  En solo dos años hemos visto una brutal inversión de las políticas sociales que hicieron de la coalición Alianza País uno de los principales referentes de izquierdas en América Latina. Cuesta entender este giro político del que fue vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, si no es como consecuencia de presiones internas y externas que han acabado poniendo al país, una vez más, a los pies del Fondo Monetario Internacional (FMI) y haciendo un seguidismo sin escrúpulos de la política de Washington en la región.

La entrega de Julian Assange vulnerando su estatuto de refugiado, la persecución judicial al expresidente Rafael Correa, el encarcelamiento administrativo de un miembro de WikiLeaks y la condena al vicepresidente Jorge Glas, forman parte de esta estrategia de desmantelamiento de la acción del anterior Gobierno. No se puede obviar en este contexto la filtración de los conocidos como INA PAPERS, una trama de corrupción que implica al actual presidente Moreno y a su familia.

La inhibición de la Justicia ecuatoriana en este caso es representativa de la falta de equidad con la que se están tratando los casos de corrupción en algunos países de Latinoamérica y la discriminación en función de la identidad política de los afectados. Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que un presidente como Moreno esté sometido a chantaje por poderes fácticos que disponen de información sobre casos de corrupción que se podrían activar judicialmente si no se llevan a cabo determinadas políticas. Cabe preguntarse si la entrega de Assange y la persecución judicial a miembros del Gobierno contrarios a la actual línea política no responden a este tipo de chantajes.

Son preocupantes también los informes sobre el lamentable estado de las cárceles en Ecuador. La situación, agravada por las políticas de austeridad que está aplicando el actual Ejecutivo bajo la supervisión del FMI están provocando un aumento de la violencia desmedida, con asesinatos, batallas campales dentro de los recintos e incluso la difusión de un dantesco vídeo en el que se ve cómo unos presos juegan al fútbol con la cabeza de un joven que minutos antes había sido decapitado.

En una de estas cárceles se encuentra Jorge Glas Espinel, exvicepresidente, elegido por el voto popular y condenado a cinco años de cárcel en un proceso judicial que no ha respetado las debidas garantías. En su proceso se han tenido en cuenta delitos que han sido derogados, se han vulnerado las normas más básicas del derecho procesal, y la sentencia, se dictó sin más pruebas que las declaraciones bajo presión y chantaje de determinados testigos. Todo ello, acompañado de una campaña mediática para destruir la credibilidad del propio Glas y del expresidente Correa. Por si fuera poco, el vicepresidente ha recibido amenazas de muerte por parte de bandas criminales dentro de la prisión y que su integridad física no está garantizada.

Ante estas circunstancias, desde Izquierda Unida hemos propuesto a nuestros socios del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica organizar una visita a Glas en la cárcel de Latacunga para darle apoyo moral y denunciar su situación crítica y su encarcelamiento injusto. Esperamos que el Gobierno de Moreno nos dé todas las facilidades para verificar el estado de salud del expresidente y las medidas de seguridad con las que cuenta.

Glas es un preso político que ha sido destituido de forma ilegal por la Asamblea y por la Presidencia, vulnerando los derechos de representación política de los ecuatorianos. Este tipo de operaciones judiciales e institucionales, en forma de golpes blandos, se están normalizando en la región. Los casos de Manuel Zelaya, en Honduras y el escandaloso fraude electoral en las últimas elecciones; la destitución de Fernando Lugo en Paraguay o de Dilma Rouseff en Brasil; o la persecución judicial a Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kitchner o Jesús Santrich, forman parte de un proyecto del que se puede adivinar la mano de EEUU para cambiar gobiernos en la región vulnerando con ello los mas elementales principios democráticos e impulsando medidas económicas favorables a los inversores extranjeros, que difícilmente se podrán revertir.

Desde la izquierda europea pedimos al Gobierno ecuatoriano que traslade a Glas a una cárcel que reúna las mínimas condiciones de seguridad para una persona de su importancia política, así como la revisión de la condena y su posterior liberación.

Las prácticas del Plan Cóndor están regresando a América Latina de una forma nada sutil. Esta vez no hay tanques ni metralletas, pero sí jueces e instituciones corruptas que están siendo teledirigidas por la nefasta Administración de Donald Trump.

Desde el Parlamento Europeo, Izquierda Unida y nuestro grupo parlamentario vamos a trabajar para erradicar estas prácticas. Como siempre, estaremos del lado de los movimientos sociales, sindicales y de los líderes políticos víctimas de estas manipulaciones judiciales y, en muchos casos, como está sucediendo a diario en Colombia, víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas. Dar visibilidad y denunciar estos ataques a la democracia será una de las principales misiones de nuestro grupo en Bruselas.

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